Edición Médica

Virginia Gómez de la Torre, militante de la Coalición Nacional de Mujeres.

Gabriela Quinchaguano. Quito
En el 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó un informe con resultados alarmantes provenientes de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género (Envigmu) en contra de las mujeres, donde se dio a conocer que de cada 100 mujeres, 48 han sufrifo violencia gineco-obstétrica a lo largo de su vida.

Sin embargo, en lo que va del 2020, poco o nada se ha hecho para fortalecer las políticas de atención y protección hacia mujeres que sufrieron este tipo de violencia a lo largo de su vida.
 
En conversación con EDICIÓN MÉDICA, Virginia Gómez de la Torre, militante de la Coalición Nacional de Mujeres y del Frente ecuatoriano por la defensa de los derechos sexuales reproductivos, ha especificado que “el indicador de embarazo infantil no ha cambiado en los últimos 10 años, más bien ha aumentado, ya que 8 de cada 10 niñas menores de 14 años han sufrido abortos y violencia ginecobstetra”.

Rueda de prensa realizada en FLACSO.

Gómez de la Torre, junto a otras activistas, han manifestado que “el Ecuador ha ignorado el aumento de la violencia contra las mujeres, por eso hacemos un llamado de emergencia para que se asigne presupuesto y personal para que se ejecute el plan nacional para erradicar la violencia”.

Lizzi Ernest, coordinadora del movimiento feminista ha mencionado que “las prioridades del gobierno no están enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas violentadas, por ello se evidencia la falta de recursos dentro de la subsecretaria de derechos humanos, la cual efectuaría la reparación para los huérfanos de las mujeres asesinadas”.
 
“Se continúa despidiendo al personal de cuidado, salud mental, prevención y erradicación de violencia de género, predominando una visión enfocada en castigar”, ha comentado Rocío Rosero, militante de Coalición de Mujeres.
 
Las militantes han evidenciado que existe un mayor financiamiento para contratar personal dentro de las instituciones de la policía Nacional, debido a “un esquema de gestión pública que está orientado a restricciones que promueven el control mas no la protección de las personas violentadas”, argumentó Rosero.
 
Por ello ha sido necesario enfatizar que “aquellas mujeres violadas que no desean dar a luz, necesitan entrar en un sistema de reparación integral, en el que se devuelve a la víctima al estado anterior de no embarazo y esto tiene que tiene que ver con políticas públicas y programas de Salud”, ha comentado Gómez de la Torre.
 
La activista ha recalcado que “la relación de poder que el médico ejerce sobre la mujer violentada, que supuestamente no sabe nada, es sujeta a violencia, por parte del que tiene más conocimiento sobre el tema. Por ende, las mujeres son sometidas a procedimientos ya proscritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como es la episiotomía”.
 
“Los profesionales de la Salud deben aprender a evaluar de manera integral el caso de mujeres, adolescentes y niñas violadas, deben reunirse en equipos para discutir el derecho de aquellas niñas que deseen finalizar su embarazo. Es importante que el profesional de la Salud intervenga en esa dinámica, esto lo exentaría de ser cómplice de este tipo de violencia”, ha concluido Gómez de la Torre.
 
 

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