Edición Médica

Funcionarios del Consejo de la Judicatura, MSP y otros asistieron al foro.

Cristina Coello. Quito
El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene actualmente 18 procesos judiciales en las cortes nacionales y uno en la Corte Constitucional por parte de pacientes que exigen al Estado la cobertura de sus tratamientos como parte de su derecho a la Salud, ha informado la ministra de Saldud, Verónica Espinosa.
 
En declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA, la funcionaria ha señalado que esos procesos buscan “la cobertura de medicamentos por parte del Estado en base a una sentencia” pero son fármacos que “no están contemplados en nuestra lista de medicamentos esenciales, es decir que no han cumplido con los criterios de evaluación de calidad, seguridad y eficacia y que tampoco se encuentran en la lista de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.
 
A decir de Espinosa, esto “debería levantar algunas alertas en términos de su seguridad, eficacia y costo beneficio para tener una cobertura universal” de Salud y además genera una “enorme preocupación ética, bioética, de sostenibilidad financiera, frente a las cuales el Estado ecuatoriano debe tomar decisiones”, ha añadido.
 
Según proyecciones del MSP se ha alertado que en cinco años el sistema de Salud podría quebrar si pierden todos los procesos judiciales que se establecen cada año y considerando que siguen en aumento.
 
El costo de los medicamentos judicializados asciende a más de 280 millones de dólares y el  presupuesto actual para medicamentos del MSP es de alrededor 300 millones. “Si perdemos todos los procesos judiciales con aquellos pacientes que han solicitado medicamentos por fuera del cuadro esencial, prácticamente estamos gastando lo mismo que se emplea para todos los medicamentos del sistema” público de salud, ha explicado la ministra.
 
Por otra parte, ha recordado que según las más importantes revistas científicas, “el 50 por ciento de medicamentos de alto costo que han sido registrados para enfermedades catastróficas, anticuerpos monoclonales, no tienen ninguna utilidad”.
 
Es decir que “son alternativas ficticias para promover un mercado muy rentable y que se alimenta de la esperanza de una persona con enfermedad catastrófica, de que cualquier alternativa es mejor que nada. Pero hay que ver cuál es el peso de esa decisión para un sistema de Salud y para el mismo individuo”, ha opinado Espinosa.
 
Foro internacional
 
Ante la problemática, el MSP en conjunto con el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (Isags) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han realizado el ‘Foro Internacional sobre Derechos en el acceso a medicamentos: La judicialización de la salud’.
 
En este encuentro altos funcionarios de los ministerios de Salud de Chile, Colombia, Argentina y Ecuador han analizado de manera general las implicaciones y desafíos que se presenta en el derecho a la salud, y además proponer políticas públicas para garantizar un nivel adecuado de cuidados sanitarios.
 
En la inauguración del evento, la ministra de Salud ha considerado que estos medicamentos solicitados en procesos judiciales, “lejos de salvar vidas tienen serias dudas de su eficacia, seguridad y sin embargo estos son los productos que llegan al sistema judicial como sinónimo de derecho a la salud”, mientras aún existen “muchos niños que mueren en nuestro país por enfermedades diarreicas, parasitarias y otras enfermedades”.
 
Autores internacionales han considerado que el fenómeno de la judicialización y su incremento de demandas es un dilema que viene aumentando exponencialmente, y representa una alta potencialidad de interferencia negativa en la gestión de los servicios de salud, toda vez que el ámbito judicial puede obligar a otorgar medicamentos de bajo impacto terapéutico y alto impacto económico, motivo por el cual no ha sido incluido en las previsiones operacionales y financieras elaboradas técnicamente por los gestores de salud.
 
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ha considerado que "la función judicial está para garantizar el derecho a la Salud, derecho constitucional” y que se debe  conciliar con el bien general, con lo justo, con lo logrado en la Constitución no debemos disminuir derechos por ser utilitaristas, no podemos afectar el acceso a la Salud".
 
Por su parte, la representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS) en Ecuador, Gina Tambini, ha señalado que la selección de medicamentos y tecnologías sanitarias “deben basarse en la sostenibilidad del sistema de Salud. Necesitamos se establezcan estrategias para el uso racional de medicamentos” y además “regulación de publicidad y productos farmacéuticos con información que esté basada en evidencia”.
 
La directora del Isags, Carina Vance, ha considerado que “todos los países de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) comprometimos esfuerzos para lograr sistemas equitativos y eficientes” por lo que ha considerado necesario “fomentar que la población participe en la definición de políticas públicas de Salud. Plantear que la solución a esta problemática sea por la vía judicial supone un riesgo para salud”.
 
Han asistido al evento administradores de justicia, legisladores, defensores públicos, profesionales de la salud y miembros de la academia, han analizado las diversas temáticas relacionadas con el acceso equitativo a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias.

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