Edición Médica

La Fiscalía investiga el caso.

Redacción. Quito
La Fiscalía General del Estado ha apelado la decisión del juez de Milagro, Luis Humberto Quinteros, quien sobreseyó a 22 procesados por el delito de enriquecimiento privado no justificado, entre ellos Gino P. y Judith R., presuntos autores del delito.
 
La Fiscalía ha presentado su dictamen acusatorio sustentado en más de 180 elementos de convicción que acreditarían la responsabilidad penal de estos ciudadanos, quienes habrían incrementado su patrimonio en alrededor de 8 millones de dólares, tras acceder a procesos de contratación en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP) en Milagro, Durán y Babahoyo.
 
Según la investigación fiscal, estas personas han accedido a contratos en los hospitales público, donde presentaban sus ofertas para la adquisición de insumos médicos. Gracias a que se incluía proformas que hacían que una de ellas sea aparentemente más conveniente, los contratos eran adjudicados a varios de los coautores.
 
Posteriormente, ellos realizaban el pago a Gino P. y Judith R. en efectivo o mediante transferencias bancarias.
 
Si bien los coautores tenían un RUC adecuado para realizar las ofertas, sus actividades laborales eran distintas. Esto se corroboró cuando se ejecutó el allanamiento a uno de los proveedores, el cual tenía un lugar donde funcionaba una ferretería; aquí se encontraron documentos que daban cuenta de las contrataciones y la relación entre los procesados.
 
Estas personas no han podido justificar el incremento de su patrimonio, que al parecer se obtuvo tras la adjudicación de contratos en varios hospitales públicos.
 
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía ha presentado los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, las pericias tributarias, de contabilidad, de auditoría, contratación pública y análisis financiero.
 
También ha incluido información del Servicio de Compras Públicas (Sercop), en la que se daba a conocer los contratos adjudicados y la documentación obtenida en allanamientos ejecutados en varias casas de salud e inmuebles particulares.

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