Aproximadamente 100 millones de personas viven en la pobreza a causa de los gastos sanitarios
Se insta a reflexionar sobre cómo hacer sostenibles los sistemas
Martes, 21 de septiembre de 2021, a las 13:12
La COVID-19 significó una carga económica para muchos ciudadanos.
|
Redacción. Quito
Un breve informe publicado OBS Business School, que analizó el gasto en salud en Latinoamérica y España, ha determinado que aproximadamente
100 millones de personas viven en la pobreza a causa de los costos generados por la atención sanitaria.
El autor del estudio
(aquí el informe), Juan Ignacio Barrachina, colaborador de OBS Business School, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce en su constitución que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” y
ese derecho “incluye el acceso asequible a servicios de calidad y, sin embargo, 100 millones de personas viven bajo el umbral de pobreza como
consecuencia de los gastos sanitarios que deben asumir”.
También ha reconocido un incremento general del gasto público en salud y su rol determinante en la cobertura universal, pero para el investigador eso no parece ser una prioridad para muchos Estados, sobre todo los de renta baja. “En esos Estados, el crecimiento económico habitualmente se ha acompañado de un incremento en el gasto público, pero
no necesariamente en el área de salud pública”.
La situación de Latinoamérica
Según ha detallado el informe, la
esperanza de vida en la Latinoamérica y el Caribe (LAC) es de 77,4 años en mujeres y de 71,6 años en hombres. Pero es especialmente baja en Haití y Bolivia, donde también es
alta la mortalidad infantil en menores de 5 años (18,6 por cada 1.000 nacidos vivos), ha advertido.
En promedio,
el 86 por ciento de la población de LAC tiene acceso a saneamiento básico, y el 95 por ciento a agua potable. Muy por debajo de estas cifras se encuentran Haití (con un 35 por ciento y 65 por ciento respectivamente), Bolivia y Guatemala. Los niveles de tabaquismo y de consumo de alcohol se encuentran por debajo del promedio de los Estados miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos?), así como los niveles de sobrepeso tanto en hombres como en mujeres.
También se ha recordado que los sistemas de salud en LAC son muy dispares entre sí. Los hay con una mayor cobertura pública que otros, con divisiones territoriales distintas e instituciones diferentes. Sin embargo, es importante destacar la
significativa y sistemática falta de recursos disponibles para atender las necesidades de salud de la población. Esto se traduce en una cobertura menor y de peor calidad en comparación con el promedio de la OCDE.
Según los
últimos datos disponibles hasta 2018, Cuba es el Estado de Latinoamérica con mayor gasto en salud sobrepasando el 11,2 por ciento del PIB. Le siguen Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, cuyo gasto oscila alrededor del 9 por ciento, muy por encima del promedio de LAC (6 por ciento). Por otro lado, Perú, México, República Dominicana y Guatemala tienen un gasto significativamente menor, alrededor del 5 por ciento de su PIB. El caso que más llama la atención es el de Venezuela, cuyo gasto en salud es del 3,6 por ciento.
El
gasto público en salud per cápita promedio de la región es de aproximadamente el 59 por ciento, por lo que el 41 por ciento se basa en financiación externa, gasto de bolsillo o seguros privados. Cuba, Colombia, Costa Rica, Argentina y Uruguay son los cinco países con mayor proporción de gasto público.
Pero hay 7 países cuyo gasto público en salud no llega al 50 por ciento, siendo Guatemala, Haití y Venezuela los tres países con
mayor proporción de gasto privado. En el caso de los dos últimos, el gasto privado supera el 75 por ciento del gasto total en salud.
Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto de bolsillo en la región es una parte importante de la financiación. Sin embargo, también hay una gran disparidad entre los Estados. En la mayoría de los casos, se sobrepasa la media de la OCDE y
17 de los 20 países de Latinoamérica tienen un gasto de bolsillo por encima del 20 por ciento.
Este es un problema extremadamente grave para los ciudadanos, ya que sobrepasar esa proporción suele llevar a los
usuarios a realizar gastos extremos y empobrecedores en salud. Son especialmente graves los casos como Venezuela, Guatemala y Paraguay, que alcanzan o sobrepasan el 50 por ciento, ha señalado el informe.
Actualmente, uno de los problemas a los que se enfrentan los Estados de LAC es que en muchos casos se ha producido
un gasto en salud mayor que el crecimiento de la riqueza del país por lo que se establecen unos parámetros de crecimiento insostenibles a largo plazo.
La pandemia
La falta de recursos generalizada en la región ha supuesto un reto a la hora de afrontar la pandemia, lo cual también ha derivado en dificultades a la hora de dar respuesta a la crisis sanitaria debido al bajo número promedio de personal, de camas y de camas de UCI. Siendo el
gasto de bolsillo un importante componente de la financiación de la asistencia sanitaria, la llegada del coronavirus ha supuesto una importante carga económica para muchos ciudadanos.
América Latina ha sido
una de las regiones más golpeadas por la pandemia. Según los datos recogidos por la OMS, se han registrado más de 30 millones de casos confirmados de coronavirus y alrededor de 960.000 defunciones por coronavirus en Latinoamérica desde el inicio de la pandemia.
El informe de OBS Business School ha precisado que en total
la tasa de mortalidad por la COVID-19 es del 3,2 por ciento. Sin embargo,
México, Ecuador y Bolivia se encuentran muy por encima: con un 9,26; 4,79 y 4,04 por ciento respectivamente.
De allí, que el investigador ha considerado que, tras la crisis sanitaria por la pandemia, en un momento en que la llegada de la vacuna ha aligerado la carga de los sistemas de salud, se abre una
oportunidad para revisar el estado de la asistencia sanitaria y su financiación.
Pero además ha instado a reflexionar sobre el futuro y
cómo hacer sostenibles los sistemas para continuar y mejorar la cobertura sanitaria y poder garantizar el derecho a la salud de las personas.