INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
Asambleísta Sinmaleza impulsa juicio político contra el ministro de Salud por tres causales
38 asambleístas de distintas bancadas apoyan este proceso
Ángel Sinmaleza, asambleísta.
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Jonathan Veletanga. Quito
El asambleísta Ángel Sinmaleza ha presentado formalmente la solicitud de juicio político contra el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos López por tres causales relacionadas a
incumplimiento de funciones.
Primero, entrega fraudulenta de carnets de discapacidad en momentos de pandemia
y no entrega de información a la Comisión del Derecho sobre lo ocurrido. Segundo, falta de cumplimiento con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en relación a la entrega de nombramientos definitivos a trabajadores de la Salud (apenas se han otorgado alrededor de 6.000 nombramientos y no hay claridad sobre cómo avanza este proceso). Tercero, falta de cumplimiento con el cronograma, planificación y programación de vacunas contra CoVID19.
Sobre la última causal, Sinmaleza ha manifestado en rueda de prensa que “el ministro demostró que
existió tráfico de influencias y mal uso de los recursos públicos al desviar la vacuna a un centro privado que no estuvo dentro de la planificación para la entrega de las vacunas”.
Por este motivo, Sinmaleza ha considerado que el presidente de la República
debió haber destituido al ministro de Salud por “mal utilizar los bienes públicos”.
El legislador ha señalado que 38 asambleístas de distintas bancadas apoyan la solicitud de este juicio político, que deberá ser procesado en
un máximo de 45 días.
“En 5 días el Consejo de Administración Legislativa (CAL) estará instalado nuevamente y tendremos entonces un CAL que tendrá 10 días para el envío a la Comisión de Fiscalización. Sumando todos estos plazos y aplazamientos no se va más allá de los 45 días”. Por lo tanto, el juicio político
puede procesarse en los 90 días que le queda de funciones a la actual Asamblea, ha sostenido.
Según Sinmaleza, las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador (FUPSE), la Confederación Ecuatoriana de Profesionales de la Salud (CEPS), Federación Ecuatoriana de Enfermeras, y
otros gremios profesionales han mostrado apoyo a este pedido de juicio político.