Edición Médica

Juan Carlos Galarza, director ejecutivo ARCSA.

Cristina Coello. Quito
Para el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Juan Carlos Galarza, uno de los actores “más complejos” y decisivos en los casos de falsificación y adulteración de medicamentos “es la justicia”, porque será la que “desanima o alienta” estos delitos.
 
De allí que para las instituciones sanitarias una sentencia en el caso Meidveza será “importante” ya que está tipificado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y “es importante su aplicación. No es suficiente con que esté escrito, sino que realmente debe ejecutarse”, ha comentado Galarza a REDACCIÓN MÉDICA.
 
El Tribunal de Garantías Penales de Cuenca dictará en breve la sentencia en primera instancia contra los dueños de la empresa Mediveza Cia. Ltda., por la presunta falsificación y comercialización sin registro sanitario de medicamentos para uso y consumo humano.
 
A decir de Galarza, “es importante que se respete la salud de la población, a la autoridad sanitaria, a las normas y leyes del país. Es sumamente delicado que se tome una decisión y esperamos que los jueces lo hagan correctamente. Cada uno ha hecho su trabajo: la fiscalía, la policía judicial y ARCSA”, ha insistido.
 
El directivo ha recordado que las autoridades encontraron “toda la evidencia”, incluidas 18 toneladas de medicinas falsas y adulteradas y equipos de producción. “Hay que marcar un precedente para mostrar que nadie puede armar un negocio de estos y no terminar en la cárcel”, ha pedido Galarza.
 
El mercado de medicamentos falsos
 
A decir del directivo el negocio de medicamentos falsificados y adulterados lleva en el país algún tiempo, pero ha sido los últimos años en que se han efectuado operativos más rigurosos de incautación y judicialización.  

No existen datos exactos sobre la cantidad de medicinas falsificadas o adulteras que circulan en el mercado, pero hasta hace algunos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba que llegaba al 30 por ciento. En un estudio reciente se estima que es el 10 por ciento.
 
“Nosotros (Ecuador) en promedio tenemos identificado 1 o 2 casos al año. Esperemos no siga creciendo, pero no podemos descuidarnos y para eso son necesarios estos grupos interinstitucionales que los detectan, generalmente cuando intentan ingresar a la cadena formal (a una farmacia). Pero eso no es así en el comercio informal (como las bahías)”, ha advertido Galarza.
 
De allí que ha insistido en que es “el ciudadano un actor clave, el que no debe comprar en cualquier lugar los medicamentos y buscar un lugar autorizado, porque allí se disminuye el riesgo”.

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