Edición Médica

Rosa Belén Mayorga, asambleísta ponente del proyecto de ley.

Redacción. Quito
El Pleno de la Asamblea Nacional ha analizado en primer debate el informe del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, realizado por la Comisión de Derecho a la Salud.
 
“El proyecto busca garantizar la calidad de los trasplantes, tanto para los donantes como para los receptores, así como promover la lucha contra las prácticas ilegales relacionadas, como el tráfico de órganos”, ha mencionado la asambleísta Rosa Belén Mayorga, ponente del informe.
 
La propuesta transparenta los procesos de donación y trasplante, garantizando un proceso ético, seguro, eficiente, equitativo en su acceso y protege a las personas vulnerables de ser explotadas. Además, busca actualizar la legislación para facilitar la donación y trasplante de órganos y optimizar los servicios de salud, así como aumentar el número de trasplantes y dar una atención prioritaria y el seguimiento, ha explicado.
 
En el debate se han abordado temas como la potestad de la autoridad sanitaria nacional de llevar el Registro Nacional de Personas Donantes y Receptoras; el Sistema Nacional de Datos Públicos de las personas jurídicas públicas y privadas dedicadas a la atención de personas trasplantadas; la obtención de un certificado que identifique su condición de donante o trasplantado, que será emitido posteriormente a un informe médico que determine una u otra condición.
 
Este proyecto es una iniciativa presentada en 2022, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de salud robusto para garantizar el derecho a la salud.
 
Al respecto, el legislador Humberto Tapia mencionó que el registro permitirá a la autoridad sanitaria, planificar la adquisición de medicamentos, insumos, así como su posterior distribución a los pacientes trasplantados.
 
Por lo que, “hagamos estos ajustes para tener un sistema de salud que permita mejorar los procesos para el trasplante y donación de órganos, esta es una propuesta que contempla el registro, los insumos y elementos que hacen posible la donación”, ha dicho.
 
Por su parte, los legisladores Isela Santibáñez, Dennis Realpe y Juan Carlos Rosero han coincidido en que la norma crea mecanismos técnicos para incrementar la tasa de donaciones, así como para dar seguimiento continuo, tratamiento y medicación necesaria a pacientes trasplantados.
 
En este contexto, la asambleísta Gina Macas ha sostenido que el proyecto debatido debe articularse plenamente con la mejora sustancial de hospitales y centros de trasplantes en todo el país, ya que “actualmente el proceso se realiza únicamente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, dificultando su acceso a pacientes en otros territorios”.
 
Mientras que Lourdes Altalima, asambleísta por Imbabura, ha hecho un llamado para incorporar un enfoque social e intercultural, con el objetivo de beneficiar también los pueblos y nacionalidades.
 
Al terminar el debate, Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, ha dispuesto que el proyecto retorne a la Comisión de Derecho a la Salud para continuar con el proceso legislativo y la elaboración del informe para segundo debate.

---