Edición Médica

Angélica Porras, abogada demandante.

Cristina Coello. Quito
Varias organizaciones relacionadas al ámbito sanitario y social han presentado una acción de protección contra del decreto 645, con el que el gobierno del presidente Guillermo Lasso redujo impuestos al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, fundas plásticas y armas de fuego.
 
Cabe recordar que el 10 de enero de 2023 el gobierno disminuyó el impuesto a consumos especiales (ICE) y estas organizaciones desde entonces argumentan que esa política vulnera la salud, la vida y derechos de la población que reside en el territorio ecuatoriano, especialmente niños, niñas, y adolescentes, así como por la seguridad ciudadana y la protección ambiental.
 
Agrupadas en el colectivo ‘Todos por La Vida’ han acudido a la Corte Constitucional, debido a que consideran que el decreto 645 va en contracorriente de los avances que en el mundo se dan para la regulación de estos productos nocivos. Además, desconoce las recomendaciones de organismos internacionales y tratados internacionales, de los cuales el Ecuador forma parte.
 
El recurso jurídico ha sido patrocinado por los abogados Angélica Porras Velasco y Richard González Dávila, quienes consideran que el decreto recae en un delito penal.
 
El médico Miguel Malo parte del colectivo ha advertido que el decreto está aumentando los factores de riesgo para las mayores causas de muerte en la población ecuatoriana. “Más del 50 por ciento de las enfermedades que causan muerte son diabetes, hipertensión, infartos, cáncer y lo que están haciendo es disminuir los impuestos para aumentar el consumo de esos productos que causan esas enfermedades”.
 
Porras ha sido enfática en señalar que la evidencia científica muestra que la reducción del impuesto a las armas (del 300 al 30 por ciento), por ejemplo, en realidad las hace más accesibles y el problema es que aumentarán las muertes, especialmente de mujeres.
 
“Es más probable que una mujer sea afectada y además asesinada porque hay un arma de fuego en su casa. Lo mismo con los niños, aumentan considerablemente los traumatismos como productos de las armas que están en sus casas. Los niños y mujeres heridos con armas no son de extraños sino de su entorno, ese es el peligro real y lo falaz del aumento Estatal de que las armas brindarán seguridad. No sirven para la defensa personal”, ha señalado Porras.
 
Así mismo, Malo ha reprochado que, al disminuir los impuestos a esos productos el país deja de recibir alrededor de 140 millones de dólares anuales. “Es otra barbaridad económica al obstaculizar el ingreso de esos recursos a las arcas fiscales”, se ha lamentado.
 
Varias organizaciones sanitarias incluida la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han defendido los denominados ‘impuestos saludables’ que gravan productos que causan riesgos importantes para múltiples enfermedades y su finalidad es desalentar su consumo y reducir su asequibilidad.
 
Por ello, Porras también ha enfatizado que está demostrado que los impuestos a esos productos han tenido un efecto positivo en el empleo, la producción y los ingresos fiscales.

Colectivo Todos por La Vida presentó una acción legal.

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