Edición Médica

Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional ha aprobado el informe no vinculante de la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en Ecuador.
 
La mesa legislativa, por enmarcase en la normativa constitucional y legal vigente, ha propuesto al Pleno allanarse a las 13 sugerencias de forma presentadas por el Ejecutivo. Las objeciones corresponden a los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 18 y 23, disposición general segunda y disposición transitoria única, ha informado.
 
Entre los cambios, se propone eliminar la palabra “interés social” y reemplazarla por “salud”. Según el análisis que se hace en el informe, el objeto principal del proyecto es prevenir y reducir la malnutrición, un problema directamente relacionado con la salud, siendo un término más específico, que vincula de forma directa con las disposiciones de la ley como parte de las competencias concretas del Estado en el ámbito sanitario.
 
Otro cambio es al artículo 4, que desarrolla los principios que regirán a la citada ley, por lo que, en su literal b referente al principio de transparencia señalando que existirán mecanismos de monitoreo y evaluación permanente. Se plantea suprimir la palabra “permanente” e incluir la palabra “periódico”, a efecto de generar practicidad a través de un cronograma y garantizar el cumplimiento, evitando confusiones sobre la aplicación de las evaluaciones.
 
El proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en el Ecuador aprobado por la Asamblea Nacional, el pasado 12 de noviembre, consta de 35 artículos, 2 Disposiciones Generales, 1 Disposición Transitoria, 1 Disposición Final.
 
Según la Comisión de Salud, la normativa busca proteger la lactancia materna y reducir los índices de desnutrición, malnutrición y obesidad en niños, adolescentes, mujeres gestantes y recién nacidos. Además, asegura el goce efectivo de este derecho a través de políticas públicas que fomenten la educación, comunicación y el acceso a servicios adecuados.
 

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