Edición Médica

No hay claridad respecto al plan nacional de vacunación.

Redacción. Quito
Un equipo de la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado ha iniciado este 22 de febrero un examen especial sobre las labores para establecer el cumplimiento de la legalidad en la adquisición de vacunas contra la COVID-19 y su distribución por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).
 
De esta manera se analizarán las operaciones efectuadas entre el 1 de agosto de 2020 y el 19 de febrero de 2021.
 
Esta acción fue dispuesta por el contralor general del Estado, Pablo Celi, y tiene como objetivo determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables al proceso de vacunación y la veracidad, propiedad y legalidad de los procesos de adquisición de vacunas contra la Covid-19, su plan de vacunación, distribución y uso.
 
El tiempo estimado para la ejecución de esta auditoría es de 92 días, ha informado la Contraloría a través de un comunicado.
 
Actualmente existen muchas dudas sobre el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 por el hermetismo del MSP, cartera de Estado que informa al respecto únicamente a través de boletines de prensa. En su página web no hay información técnica acerca de los parámetros de priorización, número de dosis aplicadas, adquisición de vacunas, logística de almacenamiento y transporte, etc.
 
Por este motivo, la Defensoría Del Pueblo, la Asamblea Nacional, los gremios profesionales de la salud, académicos, científicas, entre otros actores del sector sanitario, han pedido en reiteradas ocasiones que se transparente el plan de vacunación, sin embargo, el Estado no ha cumplido con este requisito.

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