Edición Médica

Omar Vargas, presidente y Andrés Salazar, miembro de la ANUG.

Cristina Coello. Quito
Desde enero, cuando el gobierno emitió el decreto 645, varias organizaciones han repudiado la decisión que va en contra de la evidencia científica y hace más accesibles varios productos nocivos para la salud.
 
En esta segunda entrega, EDICIÓN MÉDICA ha conversado con miembros de la Asociación de Nutricionistas del Guayas (ANUG) que también calificaron de insensata y contraria a la Salud Pública la decisión gubernamental.
 
Omar Vargas, presidente de la ANUG y Andrés Salazar, miembro de la asociación ha advertido que reducir el impuesto a consumos especiales (ICE) al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, fundas plásticas y armas de fuego “violan el derecho a la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), los derechos a la salud, alimentación y medio ambiente” de la población y específicamente de los niños y adolescentes que son una población prioritaria y con mayor riesgo.

Así mismo han considerado que al reducir el ingreso de ese impuesto, han estimado que también se disminuye asignaciones al ámbito sanitario.
   
En ese contexto y frente a la negativa de la ANUG al decreto 645, Vargas y Salazar han propuesto a las autoridades “mantener y aumentar los impuestos saludables que gravan las bebidas azucaradas siendo así una medida costo-eficaz para la reducción del sobrepeso y obesidad”.
 
Por otro lado, la asociación ha pedido “combatir la característica ubicua de los productos no saludables con la promoción de alimentos frescos locales y naturales a través de las instituciones pertinentes y así contrarrestar los ambientes obesogénicos”.
Y finalmente han considerado oportuno “rediseñar e implementar un nuevo sistema gráfico de Etiquetado Nutricional frontal, acogiendo experiencias de otros países como Perú y México”.
 
“No solo hemos expuesto nuestro malestar como profesionales de la Nutrición, sino también ofertado otro tipo de opciones o estrategias para tratar este tema de las bebidas azucaradas y desarrollar opciones más sustentables, sostenibles en el tiempo, de menor impacto para la salud”, ha insistido Vargas.
 
Si el gobierno reduce el ICE, los nutricionistas han mencionado que debería haber una contraparte con políticas públicas que impacten en la disminución del consumo de estos alimentos nocivos.
 
Acciones de la ANUG
 
Los miembros de ANUG han adelantado que “como parte del rol que tiene” la organización están difundiendo los componentes del acuerdo 645 entre la población en lo relacionado a alimentación “para que puedan apostar por otras alternativas u opciones más nutritivas y saludables, así como los posibles efectos de no hacerlo”.
 
Salazar ha recordado que según la Ensanut (Encuesta Nacional de Nutrición) 2018 en Ecuador 35 de cada 100 niños de 5 a 11 años y 6 de cada 10 adultos padece sobrepeso y obesidad, adicional, en Ecuador el 4,3 por ciento de niños de 10 a 17 años han consumido algún producto de tabaco alguna vez en su vida. Todos estos son datos que deben alertar a las autoridades.
 
Por otro lado, el gremialista ha insistido en que el sobrepeso y la obesidad, también son consideradas actualmente como la pandemia del siglo XXI, son enfermedades que no distinguen clase social o raza.
 
Son patologías que se han propagado por el todo el mundo, y ANUG ha estimado que “principalmente se debe a un exceso en la alimentación de las personas, en la disponibilidad y acceso fácil a ciertos productos ultra procesados que por palatabilidad llegan a ser adictivos para el ser humano como lo son las bebidas azucaradas”.
 
Así mismo, esta asociación ha recalcado que el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas se identifican como un factor causal en más de 200 enfermedades entre ellas diferentes tipos de cáncer como el de pulmón, páncreas, además de disfunción eréctil, entre otros.
 
Salazar ha advertido que “hay una injerencia indirecta en el consumo o en provocar el consumo de estos alimentos nocivos en la población principalmente en la escolar o niños menores de 5 años” y cabe insistir con la autoridad sanitaria en “respetar, proteger y cumplir con los derechos de todos los ciudadanos, principalmente de los menores de edad”.

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