Edición Médica

Ernesto Pazmiño, defensor público general.

Redacción. Quito
“La Defensoría Pública demanda la despenalización del aborto en casos de embarazadas por delitos sexuales porque es un problema de salud pública, de pobreza y de violencia machista”, ha manifestado Ernesto Pazmiño, defensor público general, en su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
 
Pazmiño ha expresado que es fundamental discutir ampliamente el tema de la despenalización del aborto, principalmente, cuando el embarazo es fruto de la violencia más fuerte que tiene una mujer, como la violación.
 
“La Defensoría pide que no se criminalice a las mujeres por las decisiones que toman sobre su cuerpo y su proyecto de vida. No les podemos obligar a las mujeres a tener hijos de sus violadores, dejemos que ellas decidan”, ha agregado el funcionario.
 
“Debe existir un informe favorable para primer debate para despenalizar el aborto”, ha sostenido Pazmiño, tras exponer sus argumentos referentes a los proyectos de ley reformatorios al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
 
Procesos penales por aborto
 
Para Pazmiño, “los médicos se han convertido en soplones de las mujeres que acuden por atención y terminan en los juzgados procesadas por aborto”.
 
En este sentido, ha señalado que, según datos de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura, entre 2013 y 2016, se han registrado alrededor de 323 procesos penales por aborto. Asimismo, que el 100 por ciento de las procesadas fueron jóvenes, y que el 69 por ciento tenían una edad entre 14 y 19 años.

---