Edición Médica

Gina Benavides, Defensora de Pueblo.

Redacción. Quito
La defensora del Pueblo, Gina Benavides, ha considerado que la despenalización del aborto en casos de violación o incesto es un tema es “sensible y complejo”, por lo que ha propuesto abrir un debate “amplio, plural y democrático a nivel nacional”.
 
En el marco de la discusión de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se desarrolla en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional, Benavidez ha recordado que diversos órganos internacionales como las Naciones Unidas, han recomendado que los estados respeten y garanticen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
 
Según la funcionaria, varios organismos internacionales han puesto de manifiesto la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres víctimas de violación, sobre todo niñas y adolescentes, por lo que ha dicho, la situación amerita implementar un proceso de despenalización en casos de violación o incesto.
 
La defensora del pueblo ha insistido en que los comités de Naciones Unidas han alertado que forzarle a una mujer violada a tener un niño constituye una forma de tortura, trato cruel y degradante.
 
Benavides considera que es oportuno adecuar la normativa ecuatoriana a los estándares internacionales de protección. “No se está propugnando que el aborto sea un método anticonceptivo. Lo que se está reivindicando es el derecho de la mujer a decidir, no que se le imponga, pero el momento que se le criminaliza se le está imponiendo, se le dice que pese a que ha sido violada debe tener ese niño”, ha señalado.
 
La funcionaria ha insistido en que se requiere garantizar el “respeto a la decisión de las mujeres y que esas decisiones sean informadas, claras y que el Estado dote de los mecanismos prácticos para que ninguna mujer tenga que llegar a sufrir una violación y las consecuencias de un embarazo”.
 
Finalmente, ha sugerido que el asunto debe “ser analizado y discutido no desde una perspectiva moral, sino desde una visión que se basa en las condiciones de riesgo que viven las mujeres, que determinan para ellas la necesidad de una protección estatal reforzada”.

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