Edición Médica

Zaida Rovira Jurado, Defensora del Pueblo (s).

Redacción. Quito
La Defensoría del Pueblo ha cumplido con el mandato de la Corte Constitucional de Ecuador de redactar, en dos meses, un proyecto de ley que regule y garantice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.
 
Este cuerpo normativo, Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación, ha sido entregado a la Asamblea Nacional por la Defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira Jurado. En un plazo de seis meses deberá ser tramitado y aprobado por la legislatura.
 
La Defensoría ha seguido una hoja de ruta de acercamiento, socialización, sistematización, análisis y redacción de la propuesta de ley, con el apoyo de personas expertas nacionales e internacionales sobre la base de los aportes de organizaciones, colectivos sociales de mujeres, feministas, personas de sexo género diversas, instituciones públicas y la ciudadanía en general.
   
“Hubo cuatro temas de fondo que se debatieron en las mesas ciudadanas y con las entidades del Estado para construir una normativa integral y protectora de derechos, y que están incluidas dentro de la redacción del proyecto de ley...”, ha dicho la Defensora del Pueblo.

Según lo informado, esta propuesta de ley se ancla a un catálogo de principios relevantes, como el principio de autonomía en la toma de decisiones, atención integral, buena fe y calidad en la atención a las niñas, mujeres y adolescentes que atraviesen esta situación.
 
Además, está orientado a reconocer la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación como un derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, ya que es un cuerpo normativo orgánico.
 
También cuenta con una sección dedicada a establecer los derechos más específicos y las garantías que existen para las personas gestantes, tomando en cuenta las diferentes vulnerabilidades a las que pueden estar sujetas, además de su condición etaria, discapacidad, situación socioeconómica y de movilidad humana, inclusive, si se encuentran privadas de la libertad.
 
La ley establece obligaciones claras que refuerzan la prestación de una atención integral, garantizando, en todo momento, el acceso oportuno y eficaz de los servicios de salud y de justicia, estableciendo sinergias entre las instituciones vinculadas a la atención de las víctimas de violencia sexual.
 
Asimismo, puntualiza los deberes del personal de salud e integra las recomendaciones y buenas prácticas para una atención orientada a que las personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo no sean sometidas a requisitos legales que podrían implicar obstáculos y barreras de acceso.
 
Finalmente, el proyecto de ley señala que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de desplegar todas las acciones que permitan a las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar, tener una atención médica, legal y psicosocial que aporte a la reparación del daño que se origina cuando existe una violación y un embarazo no deseado. Esto va acompañado de algunas medidas de promoción, que tienen relación con la generación de políticas sociales.

---