Edición Médica

César Navas y Verónica Espinosa.

Redacción. Quito
Los ministros César Navas, coordinador de Seguridad y Verónica Espinosa, ministra de Salud han informado  que en los próximos días se realizarán investigaciones respectivas con el propósito de descubrir las redes de corrupción que operan en las unidades públicas de Salud y para mejorar la entrega de medicamentos recetados a la ciudadanía.

En las indagaciones realizadas por los servidores de los ministerios del Interior y de Salud, se ha identificado que estos grupos limitan el acceso gratuito a la Salud y a los medicamentos solicitando a los pacientes que adquieran estos en las farmacias privadas, aduciendo desabastecimiento, ha comentado las autoridades.

Sin embargo, también se ha comprobado que no existe razón para que se obligue a los pacientes o familiares a comprar en farmacias particulares ya que los hospitales públicos se encuentran abastecidos e incluso cuentan con fondos emergentes para cubrir desabastecimientos a través de procesos de adquisición de ínfima cuantía para no afectar la gestión institucional.

La dinámica de las investigaciones

Para  enfrentar estos actos de corrupción, el ministro Navas ha asegurado que se ha creado una unidad especializada por cada provincia, conformada por servidores de estos ministerios. El número de personas de cada equipo depende del tamaño del territorio y de la densidad de la población.

Estas unidades investigan cuáles son las condiciones en las que se están gestionando los medicamentos para desarticular y castigar a los involucrados, por lo que existen personas detenidas, quienes enfrentan procesos legales.

Debido a estas irregularidades en unidades de Salud, Navas exhortó a la ciudadanía a realizar las denuncias a la línea gratuita 171, opción 3, a través de teléfonos fijos y celulares en el caso de que no le entreguen los medicamentos y dispositivos recetados por el profesional de salud para tomar las acciones pertinentes.

Por su lado, la ministra Verónica Espinosa afirmó que hay recursos suficientes para garantizar que existan medicamentos en las unidades de Salud y que hay varios tipos de sanciones a los posibles responsables de estos actos: procesos judiciales, sanciones administrativas,  entre otros. “No podemos dejar que se ensucie el nombre de la institución por algunos malos funcionarios”.

“La única razón para que no se les entregue la medicación a los pacientes en las unidades públicas de Salud es la inobservancia de las guías de prácticas clínicas por parte de los profesionales salud o de las alternativas terapéuticas”, ha manifestado.
 

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