Edición Médica

Verónica Espinosa y Mary Cabrera.

Diego Mosquera. Quito
Un informe presentado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), el Fondo de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Sendas, ha mostrado que anualmente el Ecuador pierde más de 472 millones de dólares por costos de omisión en Salud Sexual y Reproductiva (SSySR).

Este estudio económico se ha realizado para cuantificar el costo de omisión (satisfacción incompleta de las necesidades de SSySR). Es la diferencia (aritmética) entre el abordaje deseable (completo) y lo actualmente realizado (parcial), ha informado Sendas.

En este sentido, Mary Cabrera, directora de la Fundación Sendas y coautora del estudio, ha señalado a REDACCIÓN MÉDICA, que la idea de este estudio surgió en 2012 cuando se realizó la reunión de población en Quito, “vimos algunas investigaciones del costo de omisión como una herramienta de política pública basada en evidencia y junto con Senplandes decidimos hacer la investigación”.

"Los actores involucrados se empeñaron en garantizar la precisión de los resultados proveyendo bases de datos y documentación oficial para extraer indicadores”, ha indicado Cabrera.

Adicionalmente Cabrera ha explicado que se tuvo que introducir en el contexto ecuatoriano al equipo consultor de la Universidad Pública de México y en específico a las oficinas de Gobierno.

“El estudio duró dos años definiendo que hay pocas investigaciones en el mundo que hacen este tipo de análisis en un tema tan  complejo como la SSySR”, ha dicho.

Finalmente, Cabrera ha destacado que gracias a la apertura de las instituciones del Estado se pudo acceder a bases de datos nunca antes reveladas y que sirvieron como insumos para el estudio.

El desarrollo

Según la investigación este monto lo integran: los costos médicos o directos (92 millones) atribuibles a la oferta actual de planificación familiar, la atención de embarazos no intencionados y la atención de complicaciones obstétricas.

Además, el costo indirecto o social suma 380 millones de dólares, en el que incurre la sociedad ecuatoriana por no prevenir embarazos adolescentes y por la ocurrencia de muertes maternas.

El estudio ha mostrado que el costo de prevención de las principales fuentes de omisión en SSySR (demanda insatisfecha de planificación familiar morbi-mortalidad materna prevenible), más la atención del aborto seguro ascendió a 27 millones de dólares.

“Satisfacer la demanda de planificación familiar, evitar la morbi-mortalidad materna prevenible y atender el aborto seguro representa un ahorro de 445 millones de dólares”, ha señalado la investigación.

Planificación familiar

La investigación ha mostrado que satisfacer la demanda de planificación familiar representa un costo de 26 millones de dólares, esta cifra no se considera costo de omisión sino de inversión.

“Las consecuencias económicas de no prevenir embarazos no intencionados (ENI) se traduce en costos médicos y costos sociales”, ha manifestado Cabrera.

Lo social

El estudio ha determinado que el costo social de los ENI en adolescentes ascendió a 316 millones de dólares y corresponde a ingresos futuros dado el abandono escolar de 6,487 adolescentes entre los 15 y 19 años de las que el 56 por ciento por ciento cursaba la educación básica al momento del embarazo.

“La atención de ENI en el grupo de adolescentes le costó al MSP 14 millones de dólares”, ha indicado la investigación.

Finalmente, Cabrera ha explicado que el costo de atención de ENI es 2.5 veces mayor que el de la prevención.
 

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