Edición Médica

María Fernanda Román, especialista en identificación de producto falsificado.

Cristina Coello. Quito
María Fernanda Román, especialista en identificación de producto falsificado y perito en varias instituciones como la Fiscalía, IEPI, (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) y el Consejo de la Judicatura, ha señalado que el país aún tiene una legislación deficiente en el control de medicamentos falsificados.
 
En entrevista con REDACCIÓN MÉDICA, Román ha precisado que no existen cifras reales de la magnitud del problema, pero ella estima, tal como lo informa de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que, en países en vías de desarrollo como el nuestro, “el mercado ilegal suma un 30 por ciento del total. Una cifra alta (3 de cada 10 medicamentos son ilegales), que incluye medicamentos caducados, adulterados, falsificados y de contrabando”.
 
¿Qué se ha hecho en el país para evitar la expansión del mercado ilegal de medicamentos?

En el 2013 solicité a la Asamblea Nacional que se tipifique a la falsificación de medicamentos como un delito de salud pública porque la afectación es grande. Hoy está penado con 3 a 5 años de prisión.
 
A partir de eso, desde 2014, se han realizado 4 operativos de magnitud, uno en Quito en 2015 del cual resultaron las dos primeras personas sentenciadas. Otros dos operativos en Cuenca, uno de ellos este año donde se incautaron 15 toneladas de medicamentos que entraron por aduanas. Y otro en Guayaquil.
 
¿Qué se necesita?
 
Mayor articulación para poder combatir este delito de mejor manera. Si logramos una articulación entre autoridades, la problemática no se va a erradicar, pero tendremos mejores herramientas, legislación, funcionarios capacitados, campañas de educación y concientización al público, eso no hay en el país.
 
Las autoridades están trabajando, pero hay que formar una mesa interinstitucional y multisectorial. Es necesario que intervenga la Policía, Fiscalía, Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), Consejo de la Judicatura y todas las instituciones que están ligadas a la problemática. Es decir que también se necesita apoyo del sector privado, la industria, porque ella tiene la información, conocimiento del mercado y pueden dar información sobre focos de productos falsificados.
 
Debe existir coherencia en el trabajo de las instituciones. Hoy se está analizando el COS (Código Orgánico de la Salud) y la reforma del COIP (Código Orgánico Integral Penal). Los dos deben ir de la mano, estar articulados y hablar el mismo idioma. Si no, las condiciones no serán las mejores para combatir el delito y tener sanciones.
 
Además, la población tiene que saber que existen medicamentos falsificados en el mercado y que tiene que acudir a lugares seguros donde comprar. Hay todo tipo de medicamentos falsificados desde analgésicos, desinflamatorios hasta oncológicos, de marca y genéricos.
 
La ministra (de Salud, Verónica Espinosa) ha pedido que la pena al delito de falsificación se amplíe de 5 a 8 años. Yo apoyo esta propuesta.
 
¿Cómo afectan al sistema los medicamentos falsificados?

La problemática es a nivel mundial, hay países que tienen mayor control y otros mucho menos. Se estima que por cada 1.000 dólares que un falsificador invierte, obtiene una ganancia de 500.000. La utilidad no se compara ni siquiera con el narcotráfico.
 
Este tipo de medicamentos se produce con costos tan bajos que el costo comercial es muy bajo porque casi no tiene el ingrediente activo, eso hace que sea atractivo para los comerciantes. Ellos no están en la capacidad exacta de identificar un producto falsificado, ellos compran por el precio y logran filtrarse a las instituciones de salud. Son redes delincuenciales que tienen al mercado analizado y saben por donde filtrase.
 
Colombia lamentablemente está dentro de los 10 primeros países de producción y comercialización de medicamentos falsificados. Perú también tiene cifras altas y nosotros estamos en el medio. Lamentablemente con una legislación actual es todavía insuficiente para combatir el delito
 
Este tipo de medicamentos puede entrar tanto al sector público como al privado. Lamentablemente se filtran los canales legales y logran entrar al sistema, tenemos varios casos.
 
¿Qué reformas son necesarias?
 
Estoy pidiendo a la Asamblea Nacional una reforma del artículo 217 que tipifica la falsificación de medicamentos para incluir más tipos penales, lograr una redacción más coherente y lograr sentenciar a estos delincuentes.
 
¿Qué papel cumple el Arcsa en el control de este problema?
 
El Arcsa esta haciendo los esfuerzos posibles. Necesita todavía capacitar más técnicos, requiere más recursos para combatir la problemática. Los técnicos del Arcsa están para controlar el sistema legal no están para identificar este tipo de sectores ilegales. Quienes tienen la capacidad de realizar este tipo de investigaciones es la Policía y la Policía Judicial.
 
Este es un tema relativamente nuevo para el país. Desde el 2014 está dentro de la legislación y desde allí se han logrado hacer operativos importantes, pero insisto, se requiere mayor articulación y eso se va danto con el tiempo.
 
Hay per pedir colaboración a otros países que ya tienen muchos más años de experiencia como Colombia que nos gana con 15 años. Ellos tienen casi 400 sentenciados por medicamentos falsificados nosotros tenemos a penas 2. En Perú, en cambio, se manejan una campaña hacia la población que se la han llevado por años y que ha derivado en la incautación de toneladas de medicamentos en Lima.
 
¿Cómo identificar los medicamentos falsificados?
 
Para la población es muy difícil poder identificarlos. Lo que hay que recomendar es comprar en un lugar registrado por la autoridad, en farmacias que garanticen el producto. El que consume una medicación habitual debe comparar cuando los adquiere en distintos lugares,  hacer seguimiento al medicamento.
 
El personal sanitario podría identificarlos por las fallas terapéuticas. Pero en realidad también se debe ampliar la capacitación a médicos, hospitales, a quienes compran medicamentos en las instituciones.
 

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