Edición Médica

Presentación del estudio en diciembre de 2024.

Redacción. Quito
El estudio “Esperando el verano: trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador”, realizado por la Fundación ALDEA con el apoyo de UNICEF, muestra datos alarmantes sobre la violencia de género y el femicidio, y su impacto en la niñez y adolescencia.
 
En este 13 de enero, que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, es fundamental traer a la palestra pública estos resultados porque el área de la salud mental es una de las más afectadas por este grave problema de la sociedad.
 
1 niña o mujer es asesinada cada 10 minutos por manos de su pareja o de un familiar a nivel mundial, mientras que 1 mujer es asesinada cada dos horas en América Latina y el Caribe. En Ecuador, desde 2014, año en que se tipificó este delito, han ocurrido 1.920 femicidios dejando a 1.817 niños y niñas en la orfandad en todas las provincias, salvo en la región Insular, según los datos de sociedad civil.
 
A esta alarmante situación, se suma otro terrible panorama, que del total de femicidios, 199 víctimas fueron niñas o adolescentes, y hay una tendencia de crecimiento desde 2014 hasta 2023.
 
En el estudio se han documentado los efectos del femicidio en las familias y particularmente en la niñez y adolescencia, donde son devastadores en todos los ámbitos de su vida: bienestar en general, salud mental, educación, familia, necesidades básicas insatisfechas, entre otros.
 
El documento está dividido en 4 secciones principales: primera estación (otoño), donde se describe el perfil general de las niñas, niños y adolescentes de las familias consultadas, así como las características principales de las personas que los cuidan; segunda estación (invierno), donde se relata cómo la vida cambia al momento del femicidio, en todos los ámbitos: salud, educación, vivienda, entre otros; tercera estación (primavera), donde se analiza la reparación como derecho desde una reflexión sobre la normativa vigente; se evidencian los nudos críticos para el acceso a la justicia y a una protección integral; cuarta estación (verano), donde se identifica al acompañamiento como un aporte para la reparación. Además, se describen experiencias de otros países en relación con niños, niñas y adolescentes impactados por femicidio, así como conclusiones y recomendaciones.
   
El grave impacto en salud mental es desatendido
 
El estudio ha recopilado información sobre 151 niños, niñas y adolescentes, incluyendo 130 hijos y 21 hermanos de víctimas de femicidios ocurridos entre 2014 y 2024. De esta manera se ha abarcado un total de 76 familias en 15 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, que tienen alta prevalencia de femicidios (Guayas, Manabí y Los Ríos) y en zonas alejadas.
 
A través de 104 entrevistas y grupos focales con familiares de víctimas, funcionarios y activistas, se ha encontrado que el femicidio afecta la salud integral de las niñas, niños, adolescentes y las personas cuidadoras: a nivel físico, emocional, cognitiva, conductual y social.
 
Asimismo, 2 de cada 10 familias ha señalado que las niñas, niños y adolescentes tienen alguna enfermedad. En este contexto, lamentablemente el acceso a los servicios de salud es limitado.
 
Por otra parte, más de la mitad (55 por ciento) de niñas, niños y adolescentes no recibe atención en salud mental, a pesar de que presentan diversas condiciones como melancolía, depresión, insomnio, ansiedad, impotencia, rabia, confusión, inconformidad con la vida, ideación suicida y/o de venganza, reforzamiento de conductas de riesgo, aislamiento social y familiar.
 
De las 26 familias que han asegurado recibir atención en salud mental, 5 han manifestado que la atención ha sido regular o mala. Pero, según varias entrevistas, la atención psicológica debería ser especializada para casos de femicidio, caso contrario resulta poco útil porque solamente se revictimiza a las niñas, niños o adolescentes.
 
A pesar que las madres de víctimas han dicho que no están conformes con la atención desde el área de psicología, se ha encontrado que en la mayoría de los casos se busca atención pública o que represente un bajo costo: el MIES, Centros Violeta, centros del MSP, o servicios de los GAD y organizaciones sin fines de lucro (fundaciones, ONG, iglesias, entre otros).
 
Otros datos preocupantes son: que si bien continúan estudiando, solo 2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes permanecieron en la misma institución educativa luego del femicidio.
 
Además, la mayoría cambió de casa y 1 de cada 10 (16 por ciento) ha sido separado de sus hermanos.
 
Asimismo, 7 de cada 10 familias no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas insatisfechas; casi la mitad de las familias (47 por ciento) ha tenido problemas para pagar los alimentos en las últimas semanas.
 
Apenas, un 51 por ciento de las familias consultadas sí conocen y reciben el bono de orfandad, el 38 por ciento no lo recibe o conoce y el 11 por ciento no ha respondido.
 
6 de cada 10 familias que acogieron a los niños y niñas no han recibido acompañamiento o asesoría; y 7 de cada 10 familias han afirmado que las medidas de reparación integral son insuficientes.
   

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