Edición Médica

Jorge Wated.

Cristina Coello. Quito
Durante la rueda de prensa virtual que realiza semanalmente el presidente del Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), Jorge Wated, ha confirmado un desperdicio de 4.517.051 millones de dólares en medicinas caducadas, encontradas en decenas de establecimientos entre 2018 y 2020.
 
El funcionario ha admitido la “falta de planificación y control” en la gestión de medicamentos en las unidades de salud del IESS y “en todos sus procesos de abastecimiento, almacenamiento y dispensación al usuario”.
 
Aunque no detalló los establecimientos donde se encontraron las medicinas expiradas, si ha justificado la necesidad de ejecutar el decreto 1033 que centraliza la compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para toda la red pública integral de salud (RPIS).
 
En lo que va del 2020 se registra un perjuicio de 1.622.117,72 en 85 establecimientos de salud.
 
Esta denuncia es “un motivo más, por el cual el decreto 1033 tiene que ser ejecutado, con un operador logístico, pago por medicina consumida y más que nada, la trazabilidad. Y así evitar no solamente la caducidad sino también la pérdida de medicamentos”, ha recalcado Wated.
 
“Esto es una pérdida económica para los jubilados y afiliados. Es importante transparentar esta información y no vamos a permitir que se juegue con la salud” de la población, ha insistido.
 
El directivo ha recalcado que “nunca en la historia del IESS se ha hecho un análisis de los medicamentos caducados, ni se ha transparentado” esa información.
 
Ante ello ha informado que ya se investiga el caso y se tomarán “las medidas necesarias para llegar a los responsables”, así como la intervención de los organismos de control.

Carnés de discapacidad
 
Por otro lado, Wated también ha informado que el Ministerio de Salud retiró 255 carnés de discapacidad a funcionarios del IESS que se habían jubilado por supuesta invalidez.
 
Según los registros del IESS, entre 2013 y 2020 se jubilaron 640 funcionarios del IESS. De ellos, 265 lo hicieron de manera ilegal, provocando un perjuicio al Estado de 20,2 millones de dólares.

Reporte de los últimos tres años.

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