Edición Médica

Mae Montaño, asambleísta.

Redacción. Quito
En el marco de la sustentación de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional ha recibido las pruebas de cargo por parte Mae Montaño, legisladora que impulsó este proceso.
 
Para Montaño, la exministra incumplió las funciones asignadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Salud. Por lo que, su denuncia se basa en cuatro ejes, que determinarán la censura a la exministra de Salud, ha señalado.
 
Según ha detallado, las causales para la censura son incumplimiento en las funciones sobre vigilancia y control sanitario, vulnerando la garantía de la salud sexual y reproductiva de la población; incumplimiento de la obligación de mantener actualizado el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB); incumplimiento en la función de controlar y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, especialmente de las entidades prestadoras del servicio de salud, generando un estado generalizado de inconstitucionalidad.
 
Además, incumplimiento de su función de administrar adecuadamente los recursos de la entidad. Esto en el caso de los funcionarios que acudieron para defender el proyecto del Código Orgánico de la Salud (COS), descuidando la atención a los usuarios.
 
“Hubo negligencia, falta de eficiencia y de cuidado en el ejercicio de sus funciones, así también de quienes estaban bajo su administración”, manifestado la asambleísta, quien también ha mencionado que la Fiscalía y Contraloría General del Estado tendrán que establecer si hay responsabilidades civiles y penales en contra de la exministra de Salud, además de la existencia de más involucrados.
 
La legisladora ha expresado que se han distribuido insumos en mal estado para la detección del VIH/Sida, tema en el que se presumiría posibles irregularidades en los procesos precontractuales y contractuales que van más allá del control, la vigilancia, de la distribución, bodegaje, transporte y dispensación. Por ello, están pidiendo a la Contraloría se haga cargo de esto.
 
También ha insistido que la actualización del CNMB es un tema “sensible y delicado”, que ha afectado a los niños y jóvenes con cáncer, pacientes trasplantados, personas con VIH/Sida, adultos mayores con diabetes, personas con enfermedades catastróficas, entre otros grupos vulnerables.

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