Edición Médica

Esteban Ortiz, Lucy Baldeón, César Paz y Miño.

Cristina Coello. Quito
Al inicio de la pandemia el Ministerio de Salud Pública (MSP) expidió el Acuerdo Ministerial 104-2020 que creo un comité expedito que pretendía agilizar la investigación sobre SARS-COV-2 en el país. Sin embargo, esa normativa, lejos de ayudar, terminó entorpeciendo el trabajo científico pues ningún proyecto se aprobó con la rapidez que se había propuesto.
 
Eso hizo que las propuestas no puedan ejecutarse y sobre todo se perdieron importantes oportunidades de investigación, sobre todo en el ámbito clínico que en el país no se realizaba hace mucho.
 
Por ello varios investigadores celebraron la derogación del acuerdo ministerial. No obstante, varios de ellos han sido enfáticos en señalar que nunca se ha buscado saltarse la normativa establecida por la autoridad sanitaria, ni los parámetros éticos.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Esteban Ortiz, científico de la Universidad de las Américas (UDLA) ha recordado que los investigadores por años han debido sortear “las trabas burocráticas, ilógicas e inútiles” que han obstaculizado la investigación, lo cual se agravó en la pandemia y hasta desincentivó la realización de importantes proyectos que pudieron ayudar a contrarrestar el avance de la COVID-19.
   
“Me ratifico, ese comité entorpeció la investigación biomédica” en media pandemia, ha dicho Ortiz, para quien hace falta una “ley clarísima” que asegure la calidad en investigación y por ello espera de las nuevas autoridades del MSP “cumplan con desconcentrar la aprobación de ensayos clínicos. Confío en que puedan reformular la política pública alrededor de la investigación” y se garantice la seguridad y ética de estos.
 
Ortiz ha cuestionado que mientras las autoridades establecían políticas burocráticas para la ciencia, no se aplicaba control en la venta y distribución de hidroxicloroquina o dióxido del cloro para tratar la COVID-19, por ejemplo.
 
“¿Dónde está el MSP en regular eso que sí es peligroso?”, ha preguntado Ortiz, tras asegurar que los científicos tienen claro y aplican los principios éticos en sus investigaciones.
 
Con él ha coincido Lucy Baldeón, directora del Instituto de Investigación de Biomedicina de la Universidad Central (UCE), quien también ha enfatizado que todos los proyectos pasan previamente una aprobación de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) institucionales y aprobados por el MSP.
 
“Siempre hemos sugerido que no se dupliquen los trabajos. Era ilógico que la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud (DIS) vuelva a revisar lo aprobado por los CEISH” y luego en pandemia, lo haga el comité expedito. “Eso demoraba mucho más los proyectos de investigación”, ha comentado Baldeón.
 
La científica ha recalcado que la “la investigación en COVID avanza día a día, no tenemos tiempo para esperar meses en una respuesta, por cosas que no son importantes para el desarrollo del proyecto, necesitamos volar” en los procesos científicos, ha insistido.
 
La UCE, por ejemplo, presentó 6 proyectos de investigación desde que inicio la pandemia y “una respuesta en cada uno demoró alrededor de 4 meses. El comité expedito fue creado para eso, para que demore 15 días en responder” y no ocurrió así, se ha quejado Baldeón.
 
El también científico César Paz y Miño, de la Academia Ecuatoriana de Medicina, ha añadido que hasta el gobierno anterior “había un control fuerte a todo lo que se quería hacer en investigación sobre COVID y para que se aprueben los proyectos había exigencias realmente lentas y absurdas”.
 
Pero la nueva administración “ha intentado corregirlo” y se elimina el acuerdo ministerial 104 tratando “de frenar estas críticas a la política de investigación”, pues todos los países iban superando los logros locales y eso desanimaba a los investigadores.
 
“Es positivo que se elimine una traba administrativa y esperamos que todo sea más ágil. De lo contrario, volvemos a estar retrasados en relación con los países vecinos, y en pandemia la investigación permitirá tener más clara una política pública” para la población ecuatoriana en específico, ha estimado.
 
“Si eso se mantiene, que bien. Si se desvía y vuelven los retrasos, va en contra de una actividad pública que beneficia a la población. Hay que tener una visión diferente de la investigación y la necesidad de eso en la diversidad de aspectos de la salud”, ha comentado Paz y Miño.
 
A eso se añade que quien propone la investigación “normalmente sabe del tema” pero la contraparte que evalúa (MSP) los proyectos investigativos, “no tiene a veces ni el mismo nivel de formación. A los investigadores nos piden que seamos PHD y para ocupar un puesto público (para evaluar esas propuestas) no lo exigen”, ha criticado Paz Miño, y con él, concuerda Ortiz.
 
Los tres científicos han insistido en que “esta problemática es vieja”, pero las dificultades en salud y ahora en COVID exige a las autoridades crear “con urgencia” políticas públicas de investigación que beneficien a la población.
 

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