Edición Médica

Caterina Costa, presidenta dle CEE.

Cristina Coello. Quito
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la iniciativa Juntos por la Salud, que agrupa a la industria farmacéutica e importadores de insumos médicos, han solicitado al ejecutivo el veto parcial de la propuesta de Código Orgánico de Salud (COS), por considerar que no se ajusta a la realidad que vive el país.
 
En teleconferencia, Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, ha señalado que han pedido al presidente “el veto parcial de las normas que han sido aprobadas, sin ningún tipo de análisis, ni discusión prolija y profunda como demanda la técnica legislativa en la Asamblea Nacional”.
 
El COS es una normativa que ha sido analizada en el legislativo por 8 años “pero no se lo ha hecho con la responsabilidad que el Ecuador demanda” y por lo tanto “no resuelve los principales problemas” del sector sanitario y alimenticio, ha comentado Zambrano.
 
Por su parte, Caterina Costa, presidenta del CEE ha manifestado la preocupación del sector por el impacto que podría generar la propuesta ya que el legislativo no actualizó la normativa y por lo tanto “no va en la línea de lo que el mundo y el país requiere en este momento”.
 
La empresaria ha recordado que ya presentaron 50 observaciones al documento y creen importante que sean acogidas por el gobierno “porque son las que van a permitir que el sector se desarrolle como corresponde, sin injerencia, ni opresión de la normativa que no nos lleva a una adopción de la nueva realidad”, tras la pandemia de CoVID19.   
   
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del CEE, ha manifestado su inconformidad por la repentina aprobación de la normativa, tras permanecer cerca de un año paralizada su votación y “de la noche a la mañana terminan aprobando el COS”, justamente cuando eran públicas las denuncias de corrupción en el legislativo.  
 
“Mal hicieron en apresurarse en la promulgación de este código sin considerar que los sectores de salud y alimentos necesitan normativas diferentes”, porque son sectores muy sensibles y el país enfrenta un nuevo entorno. “La Asamblea no ha sido capaz de incorporar las nuevas necesidades” de la población y de la industria, ha añadido Costa.

Importadores de Productos Médicos (ASEDIM), ha advertido que esa propuesta afectará directamente a los pacientes de la red pública porque obstaculiza el acceso oportuno a las nuevas tecnologías médicas y a la innovación ya que impone primero una autorización.
 
“El desarrollo tecnológico en dispositivos médicos es constante y no podemos esperar dos años (como propone la norma) para que sea revisada una actualización, esto hará que muchos productos ya no lleguen al país y perjudicarían al paciente en el acceso a nuevas opciones de tratamiento”, ha añadido.
 
Santiago Salguero, de la Asociación Latinoamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Alafar) ha considerado que es urgente replantear algunos artículos del COS especialmente aquellos relacionados con el etiquetado de medicamentos, la obligación de que la industria cuente con cantidades específicas de medicamentos, la fijación de precios, entre otros.
 
Los empresarios han abogado por formar mesas de trabajo para corregir los errores y omisiones del texto enviado por la Asamblea. “La intención del sector privado es generar las condiciones a las que la población tiene derecho”, ha recalcado Aspiazu.
 

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