Edición Médica

En la mesa principal, Patricia Paredes, de la Asociación de Médicos del Hospital IESS Ambato; Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha; Byron Noroña, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Enrique Garcés; Juan Barriga, presidente de la Asociación de Profesionales de los Hospitales del Ecuador; Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.

Cristina Coello. Quito
En una inédita alianza entre gremialistas y médicos asistenciales del sector público se ha denunciado caos en los servicios públicos, hostigamiento, explotación laboral a los posgradistas, entre otras falencias en el sistema de salud ecuatoriano.
 
Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, junto a otros dirigentes gremiales como el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Carlos Cárdenas y el presidente de la Asociación de Profesionales de los Hospitales del Ecuador, Juan Barriga, han denunciado varias falencias del sistema como no tener los insumos necesarios para ofertar servicios de salud en los establecimientos, falta de personal sanitario, deterioro en el clima laboral, entre otros.
 
Tenorio ha reclamado la disminución del presupuesto general del Estado para la Salud y determinó que ese año se recortaron más de 608 millones de dólares, por lo que consideró se ha violentado la norma establecida en la Constitución del Ecuador.
 
“Somos los médicos los que tenemos que dar la cara, para decirles a los pacientes que no tenemos lo necesario para poderles atender”, ha increpado Barriga, tras asegurar que esa situación se replica desde “hace mucho tiempo” en los hospitales del Ministerio de Salud (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Militar y de la Policía.
 
En una rueda de prensa, los gremialistas han asegurado que buscaron “por caminos regulares” reunirse con las autoridades sanitarias sin éxito por lo que ahora buscan un contacto directo con el presidente Daniel Noboa “para solucionar los problemas” ya que han agotado los llamados y  “no tienen oídos”.
 
Byron Noroña, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Enrique Garcés de Quito ha declarado que “todos los hospitales a nivel nacional se encuentran desprovistos de medicamentos, insumos y dispositivos”, a lo que se suma “hostigamiento laboral, persecuciones por parte de las autoridades” y el reciclado de los mismos gerentes.
 
Sin especificar el autor de la encuesta, ha mencionado que el “95 por ciento de los trabajadores de salud desaprueba las gestiones de los gerentes que se encuentran en la mayoría de los hospitales”.
 
Washington Macías del hospital del IESS de Portoviejo ratificó la disminución presupuestaria, “la falta de todo” y que incluso los pacientes fallecen por las deficiencias en las unidades antes que por la inseguridad.
 
“En el caso de la Seguridad Social todavía no tenemos titular de la dirección general de Salud” y sigue “el caos” en los servicios incluido los del Seguro Social Campesino,  ha añadido.
 
Paola Robalino, representante de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas ha sido enfática en pedir garantías de formación académica en los hospitales públicos, además de que “se respeten nuestros derechos. Laboramos 260 horas mensuales sin recibir ninguna remuneración”, y recalcó que tampoco les está permitido laborar como médicos generales durante sus años de posgrado.
 
Demandó la afiliación de este grupo de médicos a la seguridad social y protestó por la exigencia de las universidades de un seguro de responsabilidad civil. Se ha lamentado por la falta del permiso por maternidad y lactancia y recalcó los altos costos en la formación de cuarto nivel que van desde los 4 mil a 6 mil dólares cada semestre.
 
Patricia Paredes de la Asociación de Médicos del Hospital IESS Ambato también ha reconocido la falta de medicinas para los pacientes y el alto costo de bolsillo que ellos deben asumir para su atención.
 
Ella defendió el reclamo de los posgradistas y consideró que brindan una “mano de obra barata” al Estado. “Señor presidente Noboa, usted sabe lo que cuesta hacer una especialidad, una maestría, o un posgrado, no es posible que el Consejo de Educación Superior (CES) haya aprobado un programa de 4 años para favorecer a las universidades privadas” con elevados costos de formación, ha criticado.
 
Paredes, tras recordar que ella se formó en la universidad pública en tres años, ha declarado que el trabajo de los posgradistas “bordea la esclavitud. No es posible que ellos estén reemplazando las plazas de médicos asistenciales sin ninguna paga, en lugar de que las unidades operativas contraten médicos”, ha reprochado.
 
Por otro lado, la dirigente ambateña ha exigido terminar la “aberración legal” que significó la Ley humanitaria y pidió revisarla con carácter retroactivo ya que se beneficiaron quienes no lideraron las acciones frente a la pandemia de la COVID-19.
 
Finalmente ha pedido una “intervención en todos los niveles” y se garanticen mejores condiciones de trabajo para que puedan asegurar “la vida de nuestros pacientes. Aun confiamos en la palabra de transformación que usted nos ofreció”, ha sentenciado.
 
Por su parte, Carlos Cardenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, ha manifestado que “el país todavía está esperando respuestas concretas de su gestión” e incluyó en sus demandas la expedición del Reglamento a la Ley de Carrera Sanitaria.
 
Cárdenas apuntó hacia las autoridades del MSP y las acusó de no informar oportunamente al presidente sobre la urgencia de expedir el reglamento cuya importancia radica en que su vigencia pondría en operación los concursos de méritos para la nominación de gerentes hospitalarios.
 
Los contratos ocasionales han permitido que por lustros “ingrese un montón de gente para hacer los repartos que tienen los politiqueros y ha servido para dejar las unidades operativas funcionando mal”.
 
Según Cárdenas el reglamento “es la única manera de librarnos de la tragedia en los hospitales con la delincuencia, las vacunas, la venta de puestos para los médicos, el terrible maltrato de nuestros compañeros, etc. Presidente pida informes” a los hospitales Baca Ortiz sobre la atención a infantes, o al hospital de Cayambe sobre el número de anestesistas extranjeros, ha denunciado.
 
“Los médicos ecuatorianos no mentimos, es más, 700 médicos y otros 200 profesionales sanitarios ofrendaron sus vidas durante la pandemia por el pueblo ecuatoriano. Por eso le exigimos presidente que cambie la historia de la Salud en el país”, ha concluido el dirigente gremial de Pichincha.

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