Edición Médica

Juan Carlos Estrada y Ernesto Carrasco, de la FME.

Redacción. Quito
Ante 15 casos confirmados de Covid-19 en el país y la rápida propagación del coronavirus que causa esa enfermedad (SARS-COV2), la Federación Médica Ecuatoriana (FME) se ha pronunciado en rueda de prensa, dando a conocer propuestas para evitar que se continúen dando acontecimientos que pongan en riesgo la salud y seguridad ciudadana, como los sucedidos en las últimas semanas.
 
Por ejemplo, los dos casos de evasión de los protocolos de vigilancia y control establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP): el de un estudiante universitario (que tuvo contacto con la paciente índice de Covid-19 en Ecuador) que fue a rendir un examen en la Universidad de Guayaquil y el de un marino que incumplió la cuarentena.
   
Ante estas situaciones, una de las propuestas de la FME es la solicitud de una reforma al Código Orgánico Penal Integral (COIP) para que se tipifique nuevamente el delito de amenaza a la salud pública por transmisión de epidemia o propagación de enfermedades. Esto debido a que en el nuevo código (que entró en vigencia en 2014) el artículo que tocaba el tema fue abolido.
 
La FME ya ha tenido acercamiento con algunos asambleístas para pedir una nueva reforma al COIP y que regrese esta figura de los delitos contra la salud pública, porque “deben ser considerados tal cual para no ser sujetos de interpretación”, ha mencionado Ernesto Carrasco, presidente de la FME.
 
“El Código Penal anterior, que fue derogado en 2014, hablaba claramente de delitos contra la salud pública, específicamente en el artículo 435, que decía: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 8 a 77 dólares de los Estos Unidos de Norte América el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Esto estaba considerado como delito en el Código Penal anterior y, lamentablemente, hoy no existe ningún artículo similar en el COIP que proteja la salud pública del país”, ha dicho.
 
Sin embargo, tras una revisión del COIP la FME ha encontrado un artículo que podría aplicarse de manera similar a esta violación de orden. Se trata del artículo 282, que hable sobre el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridades competentes: la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
 
“Es esta la figura legal que la FME pretende denunciar en Fiscalía en el caso de que se sepa nuevamente de una persona que no esté cumpliendo con el cerco epidemiológico o que viola los 15 días de aislamiento que recomienda el MSP”, ha manifestado Carrasco.
 
El galeno ha señalado que la FME o cualquier persona natural puede hacer esta denuncia en la Fiscalía porque esas evasiones, sea por falta de conocimiento o simplemente por hacer caso omiso, representan una afectación a los derechos colectivos y a la salud, puesto que ponen en peligro la vida de muchas personas.
 
Otros planteamientos
 
Otro de los planteamientos es que el MSP descentralice el diagnóstico del Covid-19, liberando las pruebas diagnósticas del coronavirus SARS-COV2 para que los laboratorios de tercer nivel puedan realizarlas. De esta manera se descongestionaría al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), que por ahora es el único laboratorio del país que puede hacer estas pruebas diagnósticas.
   
La FME también ha exhortado al Gobierno ecuatoriano a que trabaje en conjunto con las Fuerzas Armas para evitar nuevos casos de incumplimiento a los protocolos de vigilancia y cuarentena del MSP. El objetivo es que se verifique que las personas estén cumpliendo con la medida.
 
Según Carrasco, el MSP estaría realizando un control vía telefónica, lo que no garantiza la seguridad correspondiente frente este tema.
 

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