Edición Médica

Comisión de Derechos Colectivos.

Redacción. Quito
Para continuar la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, han acudido a la Comisión de Derechos Colectivos, Paulina Haro, coordinadora del Colectivo de Padres y Madres de Niñas, Niños y Adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (MAPAS) y Agustín Delgado, coordinador legal del Clúster Bananero del Ecuador.
 
Paulina Haro ha centrado sus observaciones en el acceso a la salud para las personas dentro del espectro autista. “Es necesario y urgente que esta ley establezca la formación de espacios de salud especializados en la detección temprana del autismo, con calidad y calidez, fuera del entorno hospitalario, porque la discapacidad no es una enfermedad”, ha dicho.
 
Por ello ha solicitado que se garantice el apoyo psicológico especializado, atendiendo a las particularidades de todo el espectro autista.
 
Además, ha sugerido que se solicite al organismo pertinente, la elaboración de estadísticas precisas de personas con autismo, desagregadas por edad y otras variables. “Esto facilitará centrar la atención en sus necesidades y derechos específicos”, ha manifestado.
 
De su parte, Agustín Delgado ha dado a conocer las preocupaciones de más de 1.200 productores de banano adherentes al Clúster Bananero del Ecuador.
 
En este proyecto de ley, se plantea la creación de un 8 por ciento de empleos a escala nacional para personas con discapacidad, pero no se ha tomado en cuenta que, en el sector agropecuario y bananero, existen riesgos físicos debido a las condiciones climáticas, del terreno y el uso de herramientas cortopunzantes que requiere este tipo de trabajo.
 
Por esta razón, ha solicitado a los comisionados que se considere y aclare que las personas con discapacidad física, en el trabajo agrícola, serán contratadas exclusivamente para áreas en las que no pongan en riesgo su salud ni su integridad.
 
También ha comparecido William Díaz, representante de la Asociación de Personas con Discapacidad (UNÁMONOS), quien ha expresado que no existen mallas curriculares adaptadas según el tipo de discapacidad, lo que es de implementación urgente para el cumplimiento cabal de la educación inclusiva.
 
Asimismo, Tania Herrera, de la Red de Discapacidades, ha advertido la inexistencia de una normativa para la protección de niños con discapacidades no visibles y de sus cuidadores. “Se debe incluir disposiciones claras en esta ley, o su reglamento, que permitan castigar el maltrato a estos niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental para garantizar su protección en todos los ámbitos de la vida”, ha destacado.
 
Finalmente, Fabián Robayo, representante de la Alianza Inclusiva por las Discapacidades, ha mencionado que la protección de las personas con discapacidad debe basarse en estos ejes principales: salud, trabajo, educación y bienestar, que son fundamentales para garantizarles una mejor calidad de vida. Resaltó que la calificación de las discapacidades no puede, ni debe ser un estigma, sino un mecanismo de acceso a derechos y una garantía de respeto.
 
Con estas comparecencias, la mesa legislativa ha finalizado la fase de socialización del proyecto, como paso previo a la elaboración de informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
 
La legisladora Paola Cabezas, presidenta de la comisión, así como los parlamentarios miembros de este organismo legislativo, ha manifestado su compromiso con darle al Ecuador una ley que responda a las necesidades y requerimientos únicos de cada discapacidad.

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