Edición Médica

Freddy Carrión, defensor del Pueblo.

Redacción. Quito
Carlos Fuentes, juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, ha aceptado la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ha ordenado el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a las y los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.
 
De esta manera, el ministro de Finanzas deberá cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, además de los valores del seguro social obligatorio de las y los servidores públicos.
 
“Esto significa que el juez ha declarado la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, al trabajo y a la vida digna de los funcionarios y servidores públicos al no pagarles de manera oportuna sus remuneraciones”, ha manifestado el defensor del Pueblo Freddy Carrión.
 
Paralelamente, el juez ha dispuesto que el ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros cinco días de cada mes a toda la nómina del sector público del país, y que el ministro de trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.
 
Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, en su calidad de responsable de la administración pública, debe definir con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país.
 
La Defensoría ha señalado que se mantendrá vigilante del cumplimiento de la sentencia emitida por el juez.

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