Edición Médica

Comisión de la salud.

Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad el informe no vinculante relacionado a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Salud Mental.
 
De esta manera, el informe está listo para ser tratado ante el Pleno; la asambleísta Ana Herrera en calidad de presidenta encargada de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte será la ponente de este informe.
 
La comisión se ha allanado a las observaciones del Ejecutivo conforme los argumentos técnicos, jurídicos y legislativos, corresponden a las objeciones, cuyos ejes temáticos están relacionados con institucionalidad, salud mental, procedimientos, vigilancia y control de establecimientos de salud mental.
 
Se ha argumentado que la objeción complementa, precisa conceptos, amplía derechos y aclara competencias y facultades, lo que conlleva a que no se altere el sentido de esta ley. Además, acogen la sugerencia para que todo procedimiento que implique el internamiento involuntario de personas, fuera de los casos de urgencias o emergencia, cuente con una orden judicial. La sustanciación de la solicitud será conforme a las reglas del debido proceso y del procedimiento voluntario, previstas en el Código General de Procesos, priorizando las citaciones de carácter telemático si fuere posible.
 
En este sentido, la comisión ha señalado que la solicitud de internamiento será presentada por el representante legal del establecimiento de salud ante los jueces competentes del domicilio de la persona a ser internada, será acompañada con la historia clínica y el informe emitido por el equipo interdisciplinario de salud mental, en el que se determinará el tiempo de internamiento.
 
También ha asegurado que esta ley garantiza el derecho a recibir en todos los prestadores de servicios de salud públicos, privados y comunitarios atención de salud con enfoque de derechos humanos, especializada, integral e integrada.
 
“Recibirán atención gratuita, multidisciplinaria, especializada y de calidad en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud”, así como en los prestadores de servicios privados a los que esas instituciones deriven a sus pacientes.

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