Edición Médica

Gianni Tognoni.

Cristina Coello. Quito
El epidemiólogo y especialista en políticas de salud pública, Gianni Tognoni, ha sido enfático en señalar que, si la salud es parte de la Constitución, “los medios para garantizar la salud son constitucionales, son derechos fundamentales”, por lo cual no es comprensible la creciente judicialización de los tratamientos farmacológicos.
 
En entrevista con REDACCIÓN MÉDICA, el experto italiano ha explicado que en el mercado hay muchos medicamentos que no tienen una eficacia comprobada a pesar de su aprobación, y, por otro lado, muchos medicamentos se encuentran en condiciones de distribución, pero su prescripción no es adecuada para lograr el beneficio.
 
“El Estado debe garantizar el acceso a medicamentos para la mayoría de personas, pero cuando hay un caso particular para el cual se ha declarado (judicialmente) que un fármaco específico puede ser esencial para un individuo, puede ir en contraposición de los derechos del Estado. Hay que tomar en cuenta que a veces hay una desproporción tan grande (por el costo del fármaco) que no tiene sentido y lo que se está originando es mayor desigualdad. Es decir, un paciente pretende alargar la vida a un costo demasiado alto” para la mayoría.
 
A decir de Tognoni, “La judicialización se presenta como una defensa de los individuos en nombre del derecho a la salud. Pero es al revés”, el Estado debe velar por la mayoría. “La judicialización no produce ningún beneficio para las personas, eso debe ser muy claro. Aumenta las desigualdades de acceso entre personas que tendrían el mismo derecho y por eso es un ataque al concepto mismo de salud como indicador de derechos humanos”, ha considerado.
 
De allí que ha recomendado buscar un “diálogo conjunto entre gobierno y la industria, para transformar el mercado de medicamentos”.
 
Además, ha considerado que “es un tema de democracia pública antes de salud pública, que debería ser enfrentado por el estado y los juristas con una seriedad más alta porque tiene implicaciones en la credibilidad de la democracia”.

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