Edición Médica

La vicepresidenta María Alejandra Muñoz ha visitado un comedor comunitario en Guayaquil.

Redacción. Quito
En los próximos meses cerca de 800 mil personas, adicionales al 1.5 millones de ecuatorianos en extrema pobreza actual, podrían enfrentar inseguridad alimentaria, entendida como la dificultad para acceder a una alimentación adecuada.
 
Estas son las estimaciones de una medición de los daños ocasionados por la CoVID19 en el ser humano, tanto en condiciones y medios de vida como en seguridad alimentaria y pobreza, realizada por la Vicepresidencia de la República en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Banco Mundial.
 
Según la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, el impacto del COVID 19 a la estructura social y económica coloca a la inseguridad alimentaria como el mayor riesgo producto de la afectación a las condiciones de vida de los ecuatorianos. Por ello, deben tomarse acciones para desacelerar el daño y provocar que los escenarios no se empeoren.
 
Ante esta situación la Vicepresidencia ha emprendido en el enfoque Círculo de Hambre Cero una serie de acciones con intervención inmediata, que buscan una respuesta inmediata y sostenible para desacelerar los daños de la CoVID19 en el Ecuador, atendiendo necesidades a través de  generar oportunidades de trabajo para la comunidad.
 
Por ejemplo, se implementarán comedores comunitarios, integrados por líderes comunitarios, sociedad civil y apoyo internacional, en aquellos sectores con mayor incidencia en desnutrición y que promuevan oportunidades para mujeres dentro de su comunidad, además de huertos orgánicos de sostenibilidad.
 
Se trata de la implementación de espacios de preparación y entrega de alimentos en zonas vulnerables previamente identificadas con la Vicepresidencia bajo datos oficiales, con el respaldo económico de la empresa privada o grupos de sociedad civil organizados, quienes "apadrinan" los comedores identificando a líderes comunitarios y el campo de acción (hogares con niños en condiciones de vulnerabilidad), en alianza con una organización o fundación local que controle la ejecución y registre los datos para medir resultados.
 
También se adoptarán decisiones estratégicas orientadas a evitar el desperdicio en la producción local agrícola y a promover agricultura sostenible; búsqueda de fondos internacionales para mayor cobertura social a familias en condición de vulnerabilidad; apoyo a las iniciativas de los ministerios a cargo, a efectos de potenciar la distribución de la protección social; y vías de acuerdo con el sector privado para un plan nacional contra la desnutrición infantil, liderado por la sociedad civil y que permita una disminución de al menos 15 puntos en diez años.

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