Edición Médica

Los abogados del MSP han planteado una apelación. Foto: Salud Ec.

Jonathan Veletanga. Quito
El Ministerio de Salud Pública (MSP) debe entregar al Colectivo Acción Jurídica Popular información relacionada con los contratos y términos de referencia sobre la compra de vacunas contra COVID-19 (realizados con las diversas farmacéuticas), así como el listado de personas que ya han sido vacunadas.
 
Esto ha sido ordenado por la jueza constitucional Celma Espinosa este 1 de marzo, ha indicado Angélica Porras, abogada y miembro del Colectivo, en conversación con EDICIÓN MÉDICA.
 
Acción Jurídica Popular inició una acción constitucional de acceso a la información pública ante la negativa del MSP a entregar información referente al proceso de inmunización en cumplimento a Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
 
Sin embargo, tras este dictamen el Ministerio de Salud tendrá que entregar toda esta información dentro de 15 días, un plazo se contabilizará a partir de hoy (1 de marzo).
 
Porras ha señalado que los abogados del MSP han planteado una apelación, no obstante, esta Cartera de Estado deberá cumplir con lo determinado porque “en materia constitucional se debe cumplir con la sentencia a pesar de la apelación”.
 
La abogada ha destacado que van a publicar todos estos documentos con el fin de transparentarlos. Además, “vamos a impulsar todas las acciones de investigación penal para las autoridades del MSP, así como para aquellas personas jurídicas y naturales que se hayan beneficiado indebidamente de este plan… Queremos que sirva como un primer paso para vigilar el proceso de vacunación.”.
 
“Es necesario apropiarse de este plan y exigir a las autoridades que respondan por las violaciones a la ley y a la Constitución”, ha destacado. También ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se apersone de la vigilancia de este proceso de inmunización.
 
Por su parte, José Ignacio Vallejo, abogado del departamento procesal en DS Legal Group, ha felicitado al Colectivo Acción Jurídica por la acción impulsada, la ha calificado como un gran paso para transparentar todo el proceso de vacunación.
 
“No debe existir secretismo porque obviamente genera malestar. En este momento el país exige que abran todos los documentos. Este es un tema tan delicado y esperado por la ciudadanía, de manera que debe ser transparente”, ha dicho.
 
Vallejo ha mencionado que el nuevo ministro de Salud debe cumplir con este asunto y hacer pública toda la información respecto a la vacunación, con el fin de empezar a generar confianza. “Debe indicar qué ha pasado hasta la fecha”.
 
¿Información confidencial?
 
En reiteradas ocasiones el exministro de Salud había sostenido que esta información es confidencial, sin embargo, Porras ha asegurado que no hay normativas que determinen esa situación, por lo que no cabe el tema de confidencialidad.
 
Según ha explicado, el MSP quiere hacer prevalecer los artículos 4 y 5 de la Ley del Paciente (que tienen relación con el estado de salud de los usuarios del Sistema de Salud) así como pronunciamientos internacionales que señalan que la condición de salud de los pacientes con COVID-19 es confidencial. En ningún momento se habla de quienes se han vacunado o se van a vacunar.
 
“No estamos pidiendo el listado de enfermos, estamos pidiendo el listado de quienes hicieron uso de un bien público. Tampoco estamos pidiendo datos personales (dónde vive, etc.) o respecto a su salud, lo único que queremos son los nombres para identificar si se está cumpliendo el propio plan de vacunación del Ministerio de Salud”, que establece que en primer instancia se vacunará al personal de primera línea: profesionales de salud, personal de apoyo, además de personas de la tercera edad de geriátricos y sus cuidadores, etc., ha mencionado.
 
Por otro lado, inclusive la propia Constitución de la República determina que un juez calificará la confidencialidad de la información cuando se trata de un tema de violación de derechos.
 
“Este es un caso de violación de derechos humanos porque (el vacunarse) es un derecho fundamental que corresponde a toda la ciudadanía y no tienen que darse privilegios. Todos vamos a esperar nuestro turno, y el primer turno es para todas las personas que están en primera línea”, ha enfatizado.
 
La abogada ha manifestado que la confidencialidad tampoco cabe en los contratos realizados con las farmacéuticas porque la Constitución señala “claramente” que es la autoridad competente conforme a la ley, la que debe declararla como reservada y el MSP no ha mostrado prueba de ello.
 
Por lo tanto, “el Ministerio de Salud tenía que haber respetado la Constitución y la ley”,   ha insistido.

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