Edición Médica

Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional.

Redacción. Quito
Delegados de los ministerios de Finanzas, de Salud y del Ambiente han acudido a la Comisión de Derechos Colectivos para brindar sus aportes y realizar observaciones a la construcción de la nueva Ley Orgánica de Discapacidades.
 
La primera intervención estuvo a cargo de Olga Núñez, subsecretaria del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, quien ha observado que existen “generalidades” en relación a los artículos sobre cobertura médica y exoneraciones de impuestos para las personas con discapacidad”.
 
Por ello, ha considerado necesario subsanar estas generalidades, caso contrario la ley correría el riesgo de no cumplir sus objetivos. Ante ello, ha instado a los asambleístas a plantear fuentes de financiamiento específicas para cada uno de los artículos que lo requieran.
 
De su parte, Carlos Salgado, director nacional de Discapacidades, Rehabilitación, y Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública (MSP), ha sugerido incluir dos artículos relacionados a la categorización de todos los tipos de discapacidades y la atención en salud mental para las personas con discapacidad.
 
Salgado ha manifestado que desde el 2018 el MSP trabaja en el nuevo manual de calificación y recalificación de discapacidades. Actualmente está en la etapa final de elaboración. “Este instrumento fue construido con organizaciones de personas con discapacidad, academia y el sistema de salud en todos sus niveles”, ha dicho.
 
Según ha indicado, el manual contiene una caracterización que se fundamenta en la realidad biopsicosocial de cada discapacidad e incluye procesos de capacitación y sensibilización para que el personal de salud pueda otorgar la calificación y categorización correcta mejorando la calidad de vida de estas personas.
 
En este contexto, ha señalado que todos los funcionarios que están bajo sospecha de otorgar carnés de discapacidad fraudulentos no realizarán calificaciones.
 
Después, Rosa Rodríguez, delegada del Ministerio del Ambiente, ha hecho una observación sobre el artículo 62 de la reformatoria que requiere a la autoridad ambiental, a través del Instituto Nacional de Biodiversidad, llevar un registro sobre los animales de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad.
 
Por lo tanto, ha hecho hincapié en que este instituto no tiene la competencia para elaborar ese registro porque ese es realizado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de cada provincia.
 
Finalmente, el presidente encargado de la comisión, Adrián Castro, ha sugerido que se incluya una transitoria para otorgar un período a los GAD para que reformen sus ordenanzas y regulen la atribución para certificar a animales de acompañamiento.

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