Edición Médica

Mandatarios en la presentación del nuevo programa.

Redacción. Quito
En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, nueve países lanzaron un programa para asegurar los derechos económicos, sociales y políticos de unos 90 millones de personas que viven con discapacidad en la región.
 
En el acto estuvieron el presidente de Ecuador, Lenín Moreno; el rey de España, Felipe VI; la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grysnpan, y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti.
 
"El recién creado Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con discapacidad lo constituyen Andorra, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, España, México, República Dominicana y Uruguay. Es el único programa regional sobre discapacidad en el mundo", se ha detallado en un comunicado de la Secretaría General Iberoamericana.
 
Los países se han comprometido a realizar un "registro único" de estas personas para poder evaluar su grado de discapacidad y ofrecer la asistencia adecuada, incluyendo una perspectiva de género y prestando atención a los que puedan sufrir "mayor vulnerabilidad".
 
A su vez, se formará al personal sanitario de los países para lograr una "detección temprana de las condiciones de salud que pudieran derivar en una situación de discapacidad" y se crearán servicios para que estas personas accedan a información sobre prestaciones o ayudas que pueden recibir.
 
Se capacitará a los empleados sanitarios para dar una correcta atención a mujeres y niñas con discapacidad "y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos", luchando por "erradicar la práctica de la esterilización forzada" y otros "tratamientos anticonceptivos" que se aplican "sin su conocimiento".
 
Otro de los objetivos del programa es garantizar el acceso a la justicia y obtener un reconocimiento igual ante de la ley, así como poder ejercer el derecho al voto.
 
La educación es otro de los ejes del programa, que trabajará para garantizar "el acceso, la permanencia y el éxito" de estas personas en el sistema, que implicará formar a los funcionarios y diseñar un currículo inclusivo en cada país, que introduzca también el uso de tecnología.
 
El programa busca además "incorporar medidas que fomenten el empleo de calidad" para estas personas "con prioridad hacia las mujeres con discapacidad", según dice el documento.
 

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