Edición Médica

Clara Freire del Observatorio de TB y Ana Morales del Comité de Familiares.

Redacción. Quito
En una carta abierta, el Observatorio Social de Tuberculosis de Ecuador ha lamentado las declaraciones del ministro de Salud, Edgar Lama respecto a la situación de los enfermos de tuberculosis en las cárceles.
 
El ministro argumentó en sus redes sociales que a pesar de que su cartera de estado ofrece tratamiento a los enfermos de Tuberculosis (TB) en las cárceles, no pueden obligarles a tomarla.
 
En respuesta, el Observatorio (organización de la sociedad civil con respaldo de la Organización Mundial de la Salud, OMS) ha sido enfática en señalar que “si bien toda personas afectada por tuberculosis tiene el derecho a decidir sobre su tratamiento, el papel de los servicios de salud no puede limitarse únicamente a ofrecerlo, hay que informar de manera clara, efectiva y sensibilizar sobre los beneficios del mismo y la importancia de trabajar en su adherencia, sobre todo el caso de Tuberculosis ya que la enfermedad, per se, es necesariamente de control epidemiológico”.
 
También le han recordado al ministro que en el contexto penitenciario es “poco probable” que las personas privadas de la libertar (PPL) enfermas rechacen un tratamiento si tuvieran pleno conocimiento de sus beneficios.
 
Por ello han aclarado que el MSP “tiene la responsabilidad de garantizar no solo la equidad, el acceso, sino también la adherencia al tratamiento eficaz, centrado en la persona para garantizar el proceso de curación”.
 
Para esta agrupación (conformada en su mayoría por profesionales sanitarios) minimizar la obligación del MSP “pone en riesgo la salud de la población penitenciaria y por extensión la de sus familias y comunidades, trabajadores y guardianes de la seguridad como son las fuerzas del orden” ya que la TB es altamente transmisible.
 
Ante ello, han exhortado a las autoridades adoptar “medidas urgentes” de mitigación y prevención, incluyendo el tamizaje de toda la población carcelaria y la administración de tratamiento.
 
Así mismo han considerado que las autoridades tienen el “deber ético y legal del Estado” de controlar la TB en las cárceles como necesidad de salud pública y le han recordado al MSP que para ello cuentan con la participación de organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y Defensoría del Pueblo.
 
Piden declarar emergencia
 
Aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) emita comunicados oficiales informando que no registra fallecidos por tuberculosis en los Centros de Privación de Libertad del país, existen organismos que alertan de la grave situación sanitaria de los reclusos, entre otros problemas.
 
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en un informe preliminar publicado en noviembre del 2024) como el Observatorio Social de Tuberculosis Ecuador (organización de la sociedad civil con respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han observado que los servicios de salud en las cárceles del país carecen de mínima calidad.
 
En las cárceles de Ecuador “no hay garantía de vida”, tanto por la falta de servicios sanitarios como del resto de derechos que asiste a las personas privadas de la libertad (PPL) ha manifestado Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una vida digna dentro y fuera de cárceles.
 
La médica Clara Freire, especialista en tuberculosis y vocera del Observatorio ha añadido que la enfermedad es común en las cárceles, pero en el país actualmente “se manejan elevadas tasas” de contagios.
 
Por ello, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA, las dos han solicitado a las autoridades declarar la emergencia sanitaria especialmente en la conocida Penitenciaría del Guayas ante el dramático aumento de casos de tuberculosis, la facilidad del contagio dentro y fuera, así como de la multirresistencia que presentan los enfermos.  
 
No hay datos actualizados de tuberculosis
 
Si bien el MSP publica su gaceta epidemiológica (actualizada a la semana 8 del 2025), a decir de Freire no es un registro que se acerque a la realidad por las dificultades que representa la recolección de datos en la cárcel.
 
“Desde la pandemia y sobre todo con las masacres ocurridas desde el 2021 el personal sanitario evita exponerse a los peligros que representa ingresar a los centros de privación. Eso es previsible”, ha manifestado la médico.
 
“Nadie se va a jugar la vida, no es justo tampoco que el personal de salud esté expuesto a una situación de riesgo, hay que garantizar la seguridad de su trabajo” y por ello aboga por la participación de la sociedad civil en la regulación de provisión de tratamientos.
 
Sin embargo, Morales, asegura que “ahí dentro los PPL saben que necesitan a los médicos, no les harían daño, pero comprenden los temores que puedan tener”. No obstante, ha reclamado que el “MSP tampoco hace ningún esfuerzo por brindarles atención. Por ejemplo, en la penitenciaría hay un preso que lleva 12 o 13 años llevando funda de colostomía e incluso a los familiares no nos permiten llevarles esas fundas”.
 
La representante de los familiares ha relatado que el MSP tenía en la penitenciaría un médico y enfermera específicamente para tuberculosis (para el suministro de medicación, registro de casos, diagnóstico, seguimiento, etc.) pero eso se eliminó. “Solo el pabellón 7 tenía PPL con la enfermedad, ahora no sabemos en cuántos más estará porque no siempre hay medicina y menos aislamiento de los contagiados”, añade.
 
Esas declaraciones coinciden con el informe de la CIDH donde se ha manifestado que “la falta de personal capacitado, medicamentos, y protocolos adecuados indica un incumplimiento grave de los estándares básicos de atención médica”.
 
En ese sentido, Freire ha recordado que la recomendación de la OMS para los PPL con tuberculosis es aplicar la terapia directamente observada (TDO) por el personal sanitario, entre otras cosas para:  intentar cortar la cadena de transmisión a otros miembros de la familia y a la comunidad; evitar la amplificación de la resistencia a otros fármacos de primera y segunda línea; e identificar tempranamente los casos que tienen curación.
 
Pero Morales insiste que su grupo ha palpado los últimos meses el gran incremento de enfermos de tuberculosis. “Antes en un solo pabellón de 500 PPL se les daba la medicina, nosotros revisábamos que ellos tomen la medicación. Pero ahora se puede ver enfermos en otros pabellones”.
 
Según ha denunciado la representante de familiares, “los militares no permiten que el médico del MSP vaya a medicar. Ellos deciden si pueden ingresar o no”. A eso se suma las mismas extorciones al interior de los centros penitenciarios, limitando aún más el acceso a tratamiento.
 
“Por eso hay gran incremento de tuberculosis en las cárceles. La situación es bastante fuerte en relación con salud”, ha manifestado y agrega que no solo es TB, “son muchas otras” como las VIH-Sida, sarna, hongos, ETS (enfermedades de transmisión sexual), las crónicas no transmisibles, desnutrición, etc.
 
Pero Morales va más allá y reclama que tanto el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el MSP se tiran la pelota respecto a la responsabilidad de recolectar y difundir información respecto a la estadística de TB y hasta recordó que “nunca terminaron el censo penitenciario”.
 
La propuesta de la sociedad civil
 
Freire ha recordado que la TB es una enfermedad que a lo largo de la historia ha causado más muertes que muchas guerras y por sus características requiere atención especial.
 
Por ello la sociedad civil ha propuesto incorporarse al Plan Estratégico de control, trabajar en conjunto con el Estado y sobre todo presupuesto al MSP específico para contar con los técnicos capacitados en TB.
 
La médico ha insistido en la sugerencia de declarar la emergencia sanitaria para intervenir en las cárceles ya que la tasa de incidencia de TB es de 400 a 500 veces más alta en las cárceles que la tasa nacional y donde Guayaquil es la ciudad con más carga con una tasa de 145 por 100 mil habitantes. “Los datos gritan”, ha manifestado.
 
Es importante conformar una “mesa técnica: participativa, transversal”, con todos los actores y buscar las alternativas para tratar a esas personas, que de lo contrario van a fallecer, ha sido enfática en señalar.

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