Edición Médica

Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU.

Redacción. Quito
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha insistido nuevamente a que Ecuador despenalice el aborto por violación o por incesto, ya que su prohibición es considerada como “torturar a la mujer”.

Esta solicitud se da en marco del Sexto Informe periódico del Ecuador acerca de la situación de los derechos humanos que elaboró el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, donde señala con “preocupación que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) criminalice el aborto, salvo peligro de la vida o salud de la mujer o violación a una mujer con discapacidad mental”.

El Comité ha pedido al Estado ecuatoriano revisar el COIP e introducir más excepciones al aborto cuando sea consecuencia de violación o incesto aun sin discapacidad mental de la mujer o en caso de discapacidad del feto.

Actualmente la normativa vigente en el país establece en el artículo 149 y 150 que la mujer que cause aborto será sancionada con una “pena privativa de libertad de seis meses a dos años”, y que para quien lo realice existen solo dos excepciones: “que se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la embarazada; y si el embarazo fue por una violación a una mujer con discapacidad mental”.

La ONU ha emitido varios comunicados sobre este tema desde que el nuevo COIP estaba en debate en la Asamblea Nacional.

En 2013 pidió que revise esta temática. En 2014 emitió una carta a Luis Gallegos, embajador de aquel entonces, enfatizando su preocupación debido a que el Código no ampliaría los casos de despenalización del aborto. Mientras que en 2015 el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw por sus siglas en inglés) recomendó al Estado la legalización del aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto.

A pesar de estas sugerencias la Asamblea Nacional ha limitado la discusión sobre esta temática, y al momento la única propuesta que existe en el organismo para despenalizar el aborto en caso de violación, incesto, estupro o inseminación no consentida, fue presentada por Ernesto Pazmiño, defensor público, el 6 de julio pasado, la cual aún no ha sido calificad por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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