Edición Médica

Rueda de prensa por el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Jonathan Veletanga. Quito
Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, por ello varias organizaciones y colectivos de mujeres han alzado su voz para exigirle al Estado que garantice el acceso al aborto en las causales legales determinadas en el país.
 
“El objetivo es visibilizar una causa tan necesaria y tan justa como es que el aborto tiene que estar despenalizado y debe salir como delito del Código Penal (COIP)”, ha manifestado Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, en rueda de prensa.
 
Gómez de la Torreo ha indicado que actualmente la Corte Constitucional tiene que resolver una demanda de inconstitucionalidad relacionada a la despenalización del aborto en caso de malformaciones congénitas incompatibles con la vida, que es una necesidad básica.
 
Los embarazos en niñas y adolescentes son los que tienen mayores complicaciones obstétricas, por lo que “parir siempre será más peligroso que abortar”, ha explicado Ana Lucía Martínez, de la Coalición Nacional de Mujeres.
 
Según lo informado, en 2019, la Fundación Desafío y la Coalición Nacional de Mujeres interpusieron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad y una acción de incumplimiento que pedían la despenalización del aborto en caso de violación y que incluían la causa por malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
 
Sin embargo, pese haberse presentado varios elementos de tipo procesal “no se ha dado ninguna respuesta” hasta la fecha sobre la segunda causal. Supuestamente, el tema tenía que ser tratado el día 27 de septiembre de 2023, pero “ayer la sesión terminó y no hay ninguna información de qué pasó”.
 
Entonces, “le instamos a la Corte a que nos diga qué pasó. ¿Se despenalizó o no se despenalizó? ¿Qué problema hay? Hemos pasado un año esperando una respuesta de la Corte”, ha enfatizado Gómez de la Torre.
 
En 2021, cuando se despenalizó el aborto en caso de violación “tenían que haberlo hecho también por esta otra causal, pero no lo hicieron. Mandaron a construir una ley que es una ley que no responde a las necesidades de las mujeres en el país; es una ley que el Presidente ha hecho para obstaculizar el acceso de las mujeres, de las personas gestantes, de las niñas, de las adolescentes al aborto que ahora es legal en esos casos”, ha aseverado.
 
En este sentido, Miriam Auz, del colectivo Ana de Peralta, ha señalado que el Estado “no difunde la información sobre los derechos que tenemos las mujeres. Abortar en caso de violación es legal”, pero lastimosamente las mujeres, adolescentes y niñas embarazadas producto de una violación no saben acerca de esto.
 
Solo en la provincia de Tungurahua se han incrementado las denuncias por violencia sexual y violación de 50 (en 2017) a 119 (en 2023). Pero “no tenemos datos de cuántos abortos en caso de violación se solicitaron y realmente se hicieron…”, ha detallado.
 
A esto se suma que desde el 2021 apena 32 personas han acudido a un centro de salud pública para solicitar una interrupción voluntaria del embarazo por violación, de ellas el 59 por ciento fueron niñas menores de 14 años. La mayoría de estos casos se encuentran en tres provincias de la Amazonía: Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago, ha agregado Sinchi Gómez, de Trenzando Feminismos.
 
“Estos datos nos alarman” porque por una parte muestran la problemática de falta de información, pero también porque son pocos casos en comparación al elevado número de embarazos adolescentes en el país, ha reflexionado.
  En este sentido, Martínez ha precisado que una de las principales barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las diversidades son los médicos, por la objeción de conciencia. De manera que ha hecho un llamado para que dentro de la formación de los profesionales de la salud se incluya un enfoque de género y un enfoque de derechos, ha detallado
 
Por estos motivos, los colectivos y organizaciones de mujeres están pidiendo respuestas a las demandas de inconstitucionalidad y despenalizar el aborto en caso de malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
 
Camila Aguirre, presidenta de la Juventud Revoluciona del Ecuador (núcleo Pichincha), ha señalado que el aborto es legal en el país desde el año pasado, pero el Estado ha hecho “casi nada” para que los jóvenes conozcan sobre este derecho y cómo acceder a un aborto en casos de violación, así como para implementar políticas de protección y prevención.
   

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