Edición Médica

Guillermo Lasso, virtual presidente de Ecuador.

Redacción. Quito
El virtual presidente electo del Ecuador es Guillermo Lasso y junto a su binomio el médico Alfredo Borrero tienen varios frentes por resolver urgentemente en el sector salud. Y si bien han dado prioridad a la vacunación contra la COVID-19, también están temas como la corrupción, reestructura o fortalecimiento del sistema nacional de salud, reorganización del Ministerio de Salud Pública (MSP), entre otros.
 
Y en ese sentido la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP) y la Federación Médica Ecuatoriana (FME) y las organizaciones del Acuerdo Nacional por la Salud (ANS) han puesto sobre la mesa de discusión algunos temas cruciales que requieren respuestas claras y precisas por parte de los nuevos mandatarios.
 
Estas organizaciones han hecho público un documento en el cual han instado al nuevo gobierno acoger algunos puntos prioritarios a ser atendidos. Entre ellos están la rampante corrupción enquistada en las instituciones sanitarias públicas.
 
La agrupación ha sugerido seleccionar equipos directivos que “acrediten sólida formación y experiencia exitosa en salud pública, así como impecables valoraciones éticas. Revisión, asimismo, de directrices de compras públicas, eliminando la discrecionalidad de procedimientos”.

Por otro lado, la misiva firmada por Santiago Carrasco, presidente de la FME y Fernando Sacoto, presidente de la SESP, ha insistido en el “fortalecimiento de la respuesta de salud pública frente a la pandemia, con un efectivo y oportuno rastreo de casos, aumentando radicalmente el número de pruebas diagnósticas y fortaleciendo los sistemas de vigilancia epidemiológica”.
 
Así mismo han considerado necesario un proceso transparente y ordenado de vacunación “técnicamente sustentado, con disponibilidad asegurada de vacunas en volumen suficiente para avanzar con rapidez. La combinación de estas dos medidas contribuirá a reducir la presión sobre hospitales y unidades de cuidados intensivos, disminuir la mortalidad y secuelas de dolor que enlutan a muchas familias ecuatorianas”.

 
Alfredo Borrero insistió durante la campaña que acudirá a las distintas agrupaciones y sectores para buscar las mejores alternativas de solución a las problemáticas y por ello la FME, la SESP y la ANS han instado a los gobernantes electos reorganizar el MSP con una “visión gerencial moderna y vocación descentralizada, fortaleciendo la gestión local de salud con activa participación de gobiernos parroquiales y municipales, organizaciones ciudadanas, barriales y comunitarias”.
 
Esas agrupaciones han considerado que es oportuna la creación de “una nueva arquitectura institucional territorial que devuelva la salud a la comunidad, con base en la Declaración de Alma Ata (1978) y de Astaná (2018), fortaleciendo el primer nivel de atención, para el cuidado fundamental de la salud, con redes de alimentación, agua y saneamiento, cuidado del ambiente, educación, entre otros determinantes de la salud”.
 
Derechos del personal de salud
 
Aunque son muchos los problemas que requieren atención, estas agrupaciones han destacado además que es prioritario dotar de “capacidad resolutiva en promoción, prevención y curación a unidades primarias de salud, articuladas en redes con centros especializados y hospitales, apoyadas por innovaciones tecnológicas de salud digital”.
 
También han resaltado la necesidad de garantizar los derechos del personal de salud de todos los niveles de atención, y “provisión de las condiciones necesarias y técnicas de respuesta, seguridades e implementos de bioseguridad, incluida salud mental, estabilidad, condiciones laborales justas, evaluación de desempeño, oportunidades de formación especializada y educación permanente, con el respaldo de un estatuto de carrera sanitaria que regule su accionar”.

Por otro lado, han solicitado gestionar una “estrategia dotada de respaldo político y social para analizar y definir opciones de construcción democrática, reformas estructurales y operacionales que materialicen un sistema nacional de salud (SNS)” e impedir “cualquier intento de privatización” de la Seguridad Social.
 
Ellos estiman prioritario el llegar a consensos políticos y sociales por un Plan Nacional de Salud 2021-2030 que defina objetivos, metas, recursos humanos y financieros; promoción de la salud y prevención de la enfermedad, salud sexual y salud reproductiva, acceso universal a servicios de salud.

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