Edición Médica

Debate en el Pleno.

Redacción. Quito
El Pleno de la Asamblea Nacional ha tramitado en primer debate el proyecto de Ley que reforma siete cuerpos normativos para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad y sus sustitutos.
 
El análisis se ha realizado sobre la base del informe elaborado por la Comisión de Derecho al Trabajo, el cual señala que “la protección laboral de esta población es un tema crítico que involucra aspectos de salud, derechos humanos y justicia social”.
 
La propuesta también recoge cinco sentencias emitidas por la Corte Constitucional, que abordan directamente los derechos de aquellos que padecen este tipo de enfermedades.
 
Johanna Ortiz, legisladora ponente del informe, ha señalado que la norma plantea como ejes principales, reformas a los regímenes laborales de la Ley Orgánica de Servicio Público y del Código del Trabajo.
 
Entre las principales, prohibiciones de desvinculación por su condición médica, acoso laboral motivado por padecimientos de salud, terminación unilateral del contrato y supresión de puestos ocupados por esta población, así como garantía de licencias médicas remuneradas, sin descuentos, ajuste razonable de la infraestructura de sus espacios laborales.
 
En el debate, los legisladores Mabel Méndez y Ramiro Vela han coincidido en que las personas que padecen este tipo de condiciones médicas no pueden ser doblemente vulneradas, es decir, además de sus enfermedades tampoco pueden ser víctimas de tratos humillantes y hostigamientos que buscan hacerlas renunciar.
 
“El mensaje debe ser claro, ser marginado por padecer una enfermedad no será tolerado. El impacto social de fortalecer el tejido social con esta normativa evitará que más personas vulnerables caigan en la pobreza extrema. Tenemos el derecho humano fundamental de trabajar sin miedo”, ha enfatizado Méndez.
 
Previo al debate, en comisión general, Diego Jimbo, del Observatorio de Enfermedades Raras y Huérfanas, ha señalado que no existen datos oficiales sobre la cantidad de personas que padecen esta condición en el Ecuador,
 
“Sin embargo, se estima que son cerca de 800.000, entre ellas, 30.000 nuevos casos detectados de cáncer cada año… Una persona con este tipo de enfermedades debería ser protegida por el Estado y tener el derecho de recibir su tratamiento y acudir a sus consultas sin acosada o llamada vaga”, ha sentenciado.
 
Por otro lado, Yoconda Poveda, líder del Colectivo en Acción Contra el Cáncer, ha puntualizado que esta población, en su entorno laboral, es considerada como una carga y no como un grupo poblacional vulnerable. Entonces, son víctimas de un sistema de salud que no los protege adecuadamente.
 
Por último, Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, ha indicado que, “el 80 por ciento de estas conllevan discapacidades visibles o invisibles y que apenas el 5 por ciento de estas personas pueden acceder a un tratamiento farmacológico integral”.

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