Edición Médica

Berenice Cordero, Virginia Gómez de la Torre y Rocío Rosero.

Cristina Coello. Quito
“Las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas ya no resistimos más violencia” y por ello es prioritaria una ley especializada que aborde la problemática, ha sido enfática en señalar Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres, una de las organizaciones sociales que ha solicitado la aprobación del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.
 
En rueda de prensa varias organizaciones sociales de defensa de los derechos de las mujeres han defendido la aprobación del Nuevo Código de Protección Integral de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes (CONA) con la inclusión de la despenalización del aborto por violación para las menores.
 
La violencia contra la mujer es un problema incluso con enorme impacto económico en la familia, empresa y hasta en el Estado, ha recalcado Rosero, y por ello ha considerado que “no es suficiente tener una Ley de Violencia en el papel, sin planes, sin presupuesto, sin estructura institucional que ponga en marcha el sistema de prevención de la violencia”.
 
En ese sentido y aprovechando el contexto electoral previo a la segunda vuelta electoral “estamos ante una oportunidad para que candidatos se comprometan con la igualdad y protección del derecho humano a una vida libre de violencia”, ha añadido la activista, quien solicitó la firma de los candidatos de “un pacto fiscal por una vida libre de violencia”, orientado a garantizar la autonomía económica, física y política de las mujeres.
 
Para estas agrupaciones, el país requiere una política integral que garantice la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos y “la eliminación de prácticas nocivas, por eso insistimos en el aborto por violación ahora en el CONA y en todos los programas de política pública”, ha insistido Rosero.  
 
Virginia Gómez de la Torre, ha comentado que "la aprobación del CONA con despenalización del aborto por violación para niñas y adolescentes sería un avance, aunque incompleto, para este grupo de población. Hay que ver también, qué pasa con el veto presidencial".
 
Las representantes de organizaciones de mujeres y derechos humanos han reiterado que ante la grave situación de violencia contra las mujeres ellas declararon la “emergencia social” en agosto 2018 con lo cual esperaban avances en la política pública para erradicar y prevenir este tipo de violencia.
 
No obstante, ante el incumplimiento de varias propuestas han insistido esta vez frente a los candidatos presidenciales (Andrés Arauz y Guillermo Lasso) en constituir una agenda mínima para implementar programas de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres. “Necesitamos sostener las unidades judiciales especializadas, que funcionen las fiscalías con cuerpos periciales autónomos, especializados, civiles, técnicos no policiales”, han pedido.
 
Las activistas han advertido que la población “no admite más espera” y recalcaron que entre 2015 y septiembre de 2020 se han registrado 20.682 delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.
 
El dato
 
Ecuador es el país con la segunda tasa de embarazo más alto a nivel regional. Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas por primera vez.

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