Edición Médica

Verónica Espinosa, minstra de Salud y Mary Cabrera, directora Fundación Sendas.

Redacción. Quito
En relación a la nota “Ecuador pierde anualmente 472 millones por costos de omisión en Salud Sexual y Reproductiva”, publicada el 31 de julio de 2017, la directora Ejecutiva de la Fundación Sendas, Mary Cabrera, ha solicitado un pedido de réplica.
 
REDACCIÓN MÉDICA reproduce la contestación a tres preguntas que aclaran la información referente al estudio sobre ‘Costos de omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador’, realizado en colaboración entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Sendas.  
 
¿Por qué el estudio puede ser una herramienta para la generación de políticas públicas?
 
Porque es un estudio que genera evidencia sobre la carga económica que representan la omisión en el ámbito de la salud sexual y reproductiva (SSySR), sobre todo en la no prevención del embarazo en adolescentes y mortalidad materna, que son temas prioritarios para el Estado Ecuatoriano; en este sentido aporta con información que orienta la política de inversión en salud sexual y reproductiva. Genera evidencia de que las políticas de prevención significan al Estado eficiencia en la inversión en salud.
 
El estudio provee un análisis más allá de las tradicionales estimaciones de costos de producción de servicios de salud, aporta con un método para estimar los costos de las consecuencias de no producir los servicios requeridos para satisfacer las necesidades de salud de la población.
 
El costo de omisión en SSySR incluye estimación de costos médicos directos (provisión parcial de planificación familiar, atención de embarazo no intencionado ENI, de complicaciones obstétricas y de complicaciones posaborto inseguro) y de costos sociales (muertes maternas y deserción escolar por embarazos en adolescentes) en Ecuador, 2015.
 
El estudio evidencia que ha existido una gran inversión en las prestaciones en salud sexual y salud reproductiva por parte del Estado; sin embargo, la mayoría de esta inversión ha estado volcada a la atención de los embarazos y complicaciones obstétricas, antes que a la prevención.
 
El costo promedio de evitar un embarazo no intencionado es de 114 dólares, mientras que atenderlo se estimó en 612 dólares (5.4 veces más).
 
¿Cuáles son las políticas a las que cree se deben dar prioridad?
 
El estudio evidencia que la inversión en prevención de las principales fuentes de omisión en Salud Sexual y Salud Reproductiva; satisfacer la demanda de planificación familiar, evitar la morbi-mortalidad materna prevenible y atender el aborto legal representa un ahorro de 445.3 millones de dólares, por tanto, es una política altamente efectiva en términos de inversión en salud y respuesta a las necesidades de atención en salud.
 
¿El estudio presentó alternativas para mejorar las actuales políticas de salud sexual y reproductiva y optimizar los recursos? Si fue así, ¿Cuáles son sus principales propuestas?

Fortalecer

El perfil de políticas públicas de SSySR basadas en el reconocimiento los derechos sexuales y reproductivos porque muestran mayor efectividad respecto a las de promoción de valores familiares.
 
Políticas focalizadas a reducir barreras de acceso sociocultural y económico a servicios de SSySR.
 
Políticas de SSySR articuladas a otros sectores sociales y económicos para incrementar cobertura y efectividad de las acciones públicas. Articulación programática con el sector educativo, laboral, jurídico-legal y social.
 
Políticas de SSySR enfocadas a la reducción del estigma, a eliminar la criminalización y asegurar el acceso a la atención oportuna y de calidad en embarazo de adolescentes y complicaciones obstétricas, principalmente aquellas relacionadas con el aborto; la evidencia muestra una relación inversa entre políticas basadas en la criminalización y la reducción de la frecuencia de aborto y sus complicaciones.
 
Capacitación

A proveedores de servicios de SSySR en la aplicación de la Guía de práctica clínica, con el fin de lograr su adherencia a los protocolos que incremente la calidad de atención usuarias de los servicios de salud y la optimización del gasto de atención de salud.
 
Difusión

Amplia difusión entre proveedores de servicios de SSySR, y de la sociedad en su conjunto, de las causales del aborto no punible, reconocido en el Código Penal Ecuatoriano, como base para reducir el estigma y la criminalización hacia las mujeres y proveedores.
 
Además, mejorar el registro de abortos y la tipificación de los mismos en el sistema de información de salud para determinar un número real de casos de aborto legal e inseguro.
 
Garantizar la disponibilidad de equipamiento, insumos y destrezas para realizar atención en aborto legal garantizando el derecho a atención de calidad y la optimización de costos.
 
¿Qué se resalta del estudio?
 
Este estudio genera información clave para optimizar la inversión en salud: El costo de omisión en SSySR (debido a la ocurrencia de embarazos no deseados y sus complicaciones), incluyendo el costo médico directo y el costo social, es 17 veces más alto que el costo de prevención  efectiva (atención del aborto legal, evitar embarazos no intencionados y morbimortalidad prevenible); si solo se considera el costo médico directo, la atención de la omisión es 3.4 veces mayor que la prevención efectiva; pero, dado que el bienestar de las poblaciones es responsabilidad directa del Estado, es imprescindible considerar la pérdida social atribuible a la provisión parcial de los servicios, que se traduce en omisión.
 
La colaboración y trabajo conjunto del Estado Ecuatoriano desde el Ministerio de Salud Pública y Senplades; la cooperación internacional desde UNFPA y PP Global; la sociedad civil desde Sendas y la academia desde el Instituto de Salud Pública de México.
 
La generación de capacidades instaladas en el país, doce profesionales del sector público durante el desarrollo de la investigación se capacitaron en la elaboración de estudios de costos de omisión.

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