EN LA ASAMBLEA NACIONAL
Proponen cambios en la Ley de Discapacidades
Se busca que más personas accedan a los beneficios de la actual normativa
Richard Farfán, asambleísta.
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Redacción. Quito
El asambleísta Richard Farfán ha presentado un proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades para que se considere a una persona con discapacidad cuando vea restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades en al menos un 30 por ciento de su capacidad, según ha informado la Asamblea Nacional.
La norma actual, en su artículo 6, determina que “los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento” que actualmente reconoce esta condición a partir del 40 por ciento.
El legislador ha explicado que dicha reglamentación elimina del ámbito de cobertura, protección y reconocimiento como persona con discapacidad a casi 70 mil ciudadanos y ciudadanas que anteriormente fueron calificados con porcentajes entre el 30 por y menos del 40 por ciento, lo que se constituye en una medida regresiva en derecho.
Así mismo, ha considerado que la reglamentación es contradictoria, puesto que cuando se refiere al tema de inclusión laboral sí reconoce a la discapacidad desde un 30 por ciento.
Farfán ha expuesto en su proyecto que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo unas 1.000 millones de personas con discapacidad enfrentan en algún grado barreras físicas, sociales, económicas y actitudes que les excluyen de participar de una forma total y efectiva como miembros iguales en la sociedad y que de esta cifra 200 millones tienen niveles severos de discapacidad.
“El panorama es más penoso cuando nos percatamos que el fenómeno de la discapacidad está fuertemente vinculado a la condición de pobreza”, ha enfatizado.
El 25 de septiembre de 2012 se publicó la Ley de Discapacidades, aprobada por la Asamblea Nacional, con la cual se reconoce de manera formal los derechos, principios y parámetros que manda la Constitución. Sin embargo, el reglamento se contrapone a esas disposiciones, puesto que propone porcentajes más restrictivos para considerar a una persona con discapacidad, afirmó el parlamentario.