Edición Médica

Marco Herrera, María Belén Mena y Enrique Terán.

Cristina Coello/ Jonathan Veletanga
Aunque existe evidencia científica de que los impuestos desincentivan el consumo de productos nocivos para la salud, en Ecuador se ha hecho lo contrario con la publicación del Decreto 645 que reduce el Impuesto de Consumos Especiales (ICE), principalmente, a cigarrillos, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, fundas plásticas y armas de fuego.
 
Para muchos, esto es una gran piedra de tropiezo para la construcción de políticas públicas adecuadas. Por ello, EDICIÓN MÉDICA ha consultado a varios especialistas sobre las posibles afectaciones del Decreto 645 en la salud pública del país.
 
María Belén Mena, directora de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE) ha sido enfática en señalar que la posición del Gobierno al reducir los impuestos a productos nocivos “está contraviniendo el principio Constitucional del derecho a condiciones de vida saludable” para todos los ecuatorianos.
 
“Es la antítesis de lo que se debe hacer en Salud Pública” ha añadido, pero también ha reflexionado sobre las banderas ideológicas en la política del país, donde para ella este tipo de decisiones sobrepasan los criterios técnicos y es inaceptable. 
 
Por esta razón, Mena ha apoyado la iniciativa del colectivo ‘Todos por La Vida’ que hace algunos días presentaron una acción de protección contra del Decreto 645 en la Corte Constitucional.
   
Falta de políticas públicas coherentes
 
“¿Cómo puede ser posible que toda la estrategia se fundamente o se apalanque en incrementar impuesto?”, ha reflexionado Enrique Terán, médico farmacólogo, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). A su criterio, la manifestación de la sociedad civil, dada en los últimos días, deja entrever una absoluta falta de políticas de salud respecto a este tipo de productos que son nocivos.
 
Para el galeno, es un “fracaso” este tipo de estrategias porque ya se ha demostrado a nivel mundial que el encarecer el acceso a estos productos no hace que la gente deje de consumirlos. Es decir, indudablemente las personas seguirán consumiendo estos productos, empobreciéndose cada vez más porque no hay estrategias que tiendan a cambiar el comportamiento de la población frente a estos productos nocivos.
 
“Mientras la gente no sepa el daño que ocasionan estos productos, va a seguir pagando más para seguir utilizando los mismos”. Por ello, ha hecho énfasis en la importancia de concientizar sobre su impacto negativo y las enfermedades que pueden provocar.
   
Por su parte, el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP), Marco Herrera, ha considerado que estas decisiones son el reflejo de las “debilidades” de un Gobierno que no puede “compaginar el trabajar en equipo” entre varios organismos (ministerios) y ejercer una política pública sanitaria coherente.
 
Al respecto, Mena ha estimado que este decreto evidencia la “doble moral institucional” y la “hipocresía” de unas autoridades cuyo discurso actual está “alejado de las promesas de campaña”.
 
“Cómo pretende contrarrestar la malnutrición infantil si nos saca del camino de la regulación de políticas que favorecer las condiciones de vida saludable”, ha reprochado la docente, quien en esa línea ha criticado insistentemente la falta de incentivos a la producción de frutas, verduras, cereales más baratos y sobre todo los productos poco saludables de la colación escolar (galletas y leches azucaradas).
 
Además, ha insistido en que “la gente se alimenta con lo que está a su alcance. El precio tiene mucho que ver, entonces, así como reduce los impuestos a las bebidas azucaradas ojalá proporcionen los medios para que la producción agrícola sea más accesible. Pero eso no está pasando, es decir, no hay políticas integrales”.
 
El representante de la SESP ha instado a la “sensibilización y a la comprensión política y pública sobre la carga que representan el incremento de enfermedades crónicas y catastróficas, en especial, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) resultantes muchas de ellas, del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y azucaradas (gaseosas), y que, gracias a la reducción de impuestos serán más asequibles a la población”.
 
Herrera ha insistido en que, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el cáncer, entre otras, “a mediano y largo plazo encenderán los semáforos del perfil epidemiológico ecuatoriano, por lo que conminamos a que toda política pública, debe ir perfectamente planificada, diseñada y analizada en base a evidencia científica”.
   
En tal sentido, ha dejado claro que no todo es cuestión de decisión del mismo consumidor, porque no siempre tiene toda la información adecuada, sobre todo las personas empobrecidas.  
 
“Hay que hacer énfasis en el efecto nocivo que tienen sobre la salud”. Por ello se debe educar, se debe trabajar y se debe orientar la salud desde una perspectiva de compromiso individual y social”, ha reiterado Terán.
 
El docente de la USFQ ha lamentado que en los últimos años, a pesar de las estrategias implementadas por el MSP y de la penalización con base a impuestos, el sobrepeso y la obesidad sigue incrementándose, particularmente en la población infantojuvenil, al igual que las tasas de hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles.
 
Entonces, es momento de pensar en otro tipo de estrategias y políticas públicas, adicionales al tema de los impuestos, para que las personas entiendan el daño de estos productos y tomen conductas saludables. “Esto le está faltando al MSP y a los movimientos sociales que abogan por la defensa de los impuestos”, ha apuntado.
 

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