Edición Médica

José Ocaña e Iván Dueñas, miembros del ISP de la PUCE.

Redacción. Quito
El Instituto de Salud Pública (ISP) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) ha expresado su preocupación frente a la reducción del Impuesto de Consumos Especiales (ICE) a cigarrillos, alcohol, cerveza (industrial y artesanal), bebidas azucaradas y fundas plásticas, principalmente, porque es una medida que atenta contra los indicadores nutricionales del país.
 
En este contexto ha emitido un comunicado que señala, según el Informe de Nutrición Global (ING) 2022, que los indicadores nutricionales de Ecuador “demuestran importantes deudas del Estado hacia la sociedad en términos de protección del derecho al acceso a alimentos seguros y adecuados y en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria”.
   
“Los avances ecuatorianos son prácticamente nulos. Entre otros preocupantes indicadores, se pone de manifiesto que la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 4 niños, el crecimiento anual de la obesidad infantil es de casi el 4 por ciento, el de la obesidad de adultos es del 2 por ciento, casi el 27 de los adultos padecen obesidad, lo que se asocia con un 38 por ciento de muertes prematuras por enfermedades crónicas no transmisibles, derivadas de factores nutricionales adversos”, ha indicado.
 
El ISP, en el encuentro “Pensar la Salud Pública”, realizado el pasado 10 de enero, ha analizado los indicadores de Ecuador en el contexto mundial y regional. Con ello ha generado un espacio de debate con el público general asistente, mediante el cual han surgido “importantes inquietudes con respecto al rumbo que tome el estado de cara a prevenir las enfermedades no transmisibles y enfrentar y erradicar la inseguridad y la falta de soberanía alimentaria, garantizando, así, el derecho universal a alimentos adecuados”.
 
En este sentido, ha señalado que uno de los resultados que más ha llamado la atención del público ha sido “la escasez de políticas para la reducción del consumo de sustancias nocivas, como las bebidas azucaradas, el alcohol y el cigarrillo. Se concluye que el Estado ecuatoriano adeuda a la sociedad la construcción de políticas, planes y programas de promoción de la salud nutricional”.
 
Entonces, “la decisión gubernamental de reducir los impuestos a este tipo de productos nocivos es una muy mala estrategia”, ha expresado José Ocaña, miembro del equipo del ISP.
 
A su criterio, hay evidencia científica robusta que documenta el “efecto positivo de imponer medidas arancelarias e impuestos a productos nocivos con subsecuentes beneficios en salud pública; e, inclusive, con impactos económicos positivos para la sociedad”.
 
Por su parte, Iván Dueñas, también miembro del equipo ISP, ha comentado que “la imposición de aranceles y de impuestos a los consumos nocivos ha sido una estrategia exitosa en muchas otras naciones”, por ello debería ser el camino que las autoridades tomen para una mejora real de la salud pública en el país.
 
Por este motivo, han declarado que es fundamental generar estrategias de política pública integrales que incorporen la experiencia mundial sobre la regulación de productos nocivos para la salud de la población, como etiquetado, política fiscal, control de la publicidad. “Este tipo de medidas precautelan el derecho de las personas al máximo nivel de salud posible”.
 
“Una medida de política pública orientada hacia la salud pública que se centra en gravar a los productos no saludables genera un círculo virtuoso basado en reducir el consumo de dichos productos. Además, genera ingresos fiscales inmediatos y, por último, podría impactar en la reducción de los costos en atención médica y el subsecuente aumento de la productividad laboral”, han concluido.
 

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