Edición Médica

En el centro, César Córdova, defensor del pueblo.

Redacción. Quito
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en atención a las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, ha impulsado una investigación para conocer la situación desde el año 2018 hasta junio del 2023.
 
Los datos preliminares de este informe intermedio han establecido que la realidad es “compleja” por lo que se trató de identificar los “nudos críticos en la estructura institucional que promueva una protección integral”.
 
En ese sentido se establecieron dos ejes de estudio: acceso a la justicia; y, protección de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. Adicionalmente, se analizó la normativa vigente, los programas y dispositivos de atención a las violencias sexuales y se revisó la situación de las víctimas y de los victimarios para perfilar su estado y el contexto de sus conductas.
 
El informe ha desarrollado una conceptualización sobre términos que giran en torno a la violencia sexual como pederastia, pedofilia y trastornos de carácter mental-sexual y su relación con prácticas delictivas.
 
Los resultados de la investigación
 
La defensoría ha dado cuenta que, de 52.051 casos reportados por la fiscalía general del Estado apenas 2.161 han recibido sentencia, es decir, solo el 4,15 por ciento. Esta gran cifra se analiza con lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública; así como con los Ministerios del Interior, Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, de la Mujer y de Derechos Humanos, Deporte y Cultura, así como en la iglesia, entre otros sectores.
 
El defensor del Pueblo, César Córdoba, en una rueda de prensa ha detallado que el organismo tiene en investigación previa 29.720 casos; archivos aceptados, 9.061; archivos solicitados, 5.421; sentencias condenatorias o absolutorias, 2.161; dictámenes acusatorios, 1.571; llamamientos a juicios, 1.186; sobreseimientos, 870; sentencias que ratifica estados de inocencia, 589".
 
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura, tiene entre 2018 y 2023 un total de 9.006 casos, 28,49 por ciento de los cuales han sido reportados como resueltos, es decir, 2.566. Sin embargo, Córdoba ha cuestionado la diferencia en las cifras de las dos entidades "siendo un sistema igual".
 
Según la Defensoría, esta diferencia de datos evidencia “un sistema de impunidad como expresión de la peor manera de alentar la violencia sexual”.
 
Con datos del Ministerio de Salud Pública, Córdova ha indicado que desde 2018 hasta la actualidad "existen 15.000 casos atendidos" y se preguntó qué ocurrió con el resto de los casos denunciados.
 
Citando informes del Ministerio de Educación, Córdoba ha detallado que "existen 547 casos que no han sido denunciados a la Fiscalía. ¿Qué pasó con los protocolos?, ¿Dónde están 547 casos de niños presuntamente violados, acosados?". También ha reclamado que hay casos que se invisibilizan pues "los colegios se esconden para no asumir responsabilidades".
 
Por ello, el funcionario ha inistido en que los menores se encuentran en "indefensión" y señaló que "no existe quién genere a favor de ellos esta defensa a través de la ejecución de una política pública".
 
Por ello ha pedido que se desarrollen mesas de trabajo interinstitucionales a fin de que se pueda atender de mejor manera todos estos problemas de niñez y adolescencia e insistió en que "el Estado ecuatoriano debe contar con una mesa general de inversión en política pública para temas de niñez y adolescencia, recordando que somos el país de América que menos inversión tiene en favor de la niñez y adolescencia".
 
"Basta de impunidad en contra de aquellas personas agresoras a los niños, niñas, adolescentes. Evitemos esta impunidad, este silencio que se considera la peor manera de alentar a estos perpetradores: pedófilos, pederastras, acosadores sexuales", ha señalado Córdova.
 
Más patrocinios a procesados que a víctimas
 
La Defensoría Pública ha indicado a la Defensoría del Pueblo que hay "8.368 casos de patrocinio a procesados. Es decir, el 80 por ciento de los casos que la Defensoría Pública defiende son a aquellos procesados por delitos de violación, pedofilia, pederastia, acosadores sexuales" y defiende a 2.070 víctimas, es decir, al 19,83 por ciento. De allí que el defensor de pueblo pidiera “reenfocar la política pública".
 
Según el Ministerio del Interior, el 64 por ciento de los casos denunciados no continúan el proceso por diversos factores, entre ellos, problemas en la elaboración de los partes, falta de exámenes médicos, entre otros.
 
"Esta responsabilidad es del Estado, no de las víctimas" ha señalado Córdova, quien recalcó que la impunidad "no es solo de la justicia. La impunidad viene dada por todos los ministerios que tienen que ver en esta área”, incluido Salud.

La #DefensoríaDelPueblo emitió los resultados del informe intermedio de la investigación defensorial sobre #ViolenciaSexualNNA en Ecuador, de enero 2018 a junio de 2023. Conoce los principales resultados aquí: https://t.co/OkFm4hrQ1X pic.twitter.com/n2Wf9ob9or

— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) December 27, 2023

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