Edición Médica

Asamblea Nacional.

Redacción. Quito
Con 114 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional ha dispuesto la comparecencia personal e indelegable de los ministros de Inclusión Social, Economía, Salud y de la Mujer, para informar sobre la ejecución presupuestaria destinada a la protección de grupos vulnerables afectados por riesgos de desastres, con especial énfasis en el reciente derrame de crudo en la provincia de Esmeraldas.
 
Las máximas autoridades de las carteras de Estado deberán dar detalles sobre el presupuesto ejecutado, desde enero de 2025, para la protección de niños, niñas y adolescentes, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos en condición de doble vulnerabilidad.
 
También deberán informar sobre la atención médica proporcionada a la población afectada, con énfasis en mujeres embarazadas y personas con condiciones de salud preexistentes, además de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico en sectores como la agricultura, pesca artesanal y turismo.
 
Santiago Aguilar, asambleísta proponente del proyecto de resolución, ha destacado la urgente necesidad de conocer las acciones interinstitucionales para garantizar una respuesta integral a la emergencia y el impacto generado por el derrame de aproximadamente 25.000 barriles de petróleo, que ha afectado a cerca de medio millón de personas en Esmeraldas.
 
Además, ha enfatizado que este desastre evidencia la falta de mantenimiento en la infraestructura petrolera y el abandono histórico de la provincia costera.
 
De su parte, el legislador Ronal González ha mencionado que “la entrega de bonos no es suficiente y se requieren medidas estructurales para atender a las comunidades afectadas”.
 
En cambio, la asambleísta Paola Cabezas ha enfatizado en la necesidad de conocer la fuente del financiamiento para los bonos y ha solicitado una reparación integral para la población damnificada.
 
Por último, el asambleísta Comps Córdova ha demandado mayor atención a los derrames petroleros en la Amazonía y una fiscalización más estricta sobre el manejo ambiental en el país.

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