Edición Médica

Jarbas Barbosa, director OPS.

Redacción. Quito
El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, ha vuelto a encender las alarmas respecto al impacto de la COVID-19 en la salud mental de la población en la región y ha instado a líderes y tomadores de decisión a garantizar que los servicios sanitarios en ese aspecto ocupen un lugar prioritario en la agenda política.
 
"La pandemia ha puesto de relieve el papel central de la salud mental en nuestro bienestar", dado que la COVID-19 y sus efectos han repercutido en "nuestras vidas, economías y sociedades", ha señalado Barbosa en una rueda de prensa donde se presentó el nuevo informe titulado ‘Una nueva agenda para la salud mental en las Américas’, elaborado por la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la OPS.
 
Si bien la salud mental ha representado históricamente una fuente importante de discapacidad y mortalidad en las Américas, al representar casi un tercio de todos los años vividos con una discapacidad, la pandemia aumentó aún más los factores de riesgo de los problemas de salud mental, como el desempleo, la inseguridad económica y el duelo y la pérdida.
 
El organismo ha advertido que a pesar del alto nivel de problemas de salud mental en la región, la gran mayoría de quienes padecen una condición no reciben la atención que necesitan. En 2020, más del 80 por ciento de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento.
 
El director de la OPS ha destacado que esta falta de acceso a la atención se debe a diversos factores previos a la pandemia, entre ellos: la escasa inversión en el área, sólo el 3 por ciento de los presupuestos de salud de los países se destina a la salud mental; la dependencia de la hospitalización de larga duración cuando la mayoría de los problemas de salud mental pueden resolverse con atención en la comunidad; la escasez crónica de personal de salud mental capacitado; y el acceso reducido a los servicios para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad.
 
Para abordar estas cuestiones, en mayo de 2022 la OPS estableció la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19. La Comisión, que está integrada por 17 expertos de gobiernos, sociedad civil, el mundo académico y personas con experiencia de vida en salud mental, quienes han elaborado un reporte con orientaciones para la OPS sobre cómo promover la salud mental en la región durante y después de la pandemia.
 
El informe ha puesto a disposición de los gobiernos diez recomendaciones para mejorar la atención a la salud mental, entre las que están: Elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional; integrar la salud mental en todas las políticas; aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental; garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental; promover y proteger la salud mental a lo largo de toda la vida; mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario; fortalecer la prevención del suicidio; adoptar un enfoque trasformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental; abordar el racismo y la discriminación racial como determinantes de la salud mental; y, mejorar los datos y las investigaciones sobre la salud mental.

"Invertir en salud mental es crucial para promover un desarrollo humano equitativo y sostenible que permita a todos vivir con bienestar y dignidad", ha insistido Epsy Campbell Barr, presidente de la Comisión y exvicepresidente de Costa Rica. "Debemos recordar que la carga de la salud mental no es una lucha privada, sino una crisis de salud pública que justifica una acción urgente e inmediata.”
 
"Hoy no lanzamos simplemente un informe; lanzamos un faro de esperanza, una hoja de ruta para el cambio en la forma en que vemos, tratamos y priorizamos la salud mental en las Américas. Ahora está en nuestras manos cambiar la forma en que abordamos la salud mental, especialmente tras una crisis mundial que la ha afectado profundamente", ha añadido Néstor Méndez, copresidente de la Comisión y Director General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
 
Los datos preocupantes
 
Casi un tercio de todos los años vividos con discapacidad (AVD) y una quinta parte de los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) se deben a enfermedades mentales, neurológicas, consumo de sustancias y suicidio.
 
Los trastornos depresivos y de ansiedad son la tercera y cuarta causa de discapacidad.
 
El alcohol es responsable del 5,5 por ciento de todas las muertes en las Américas.
 
Las Américas es la segunda región con mayor consumo de alcohol del mundo.
 
El suicidio se cobra la vida de casi 100.000 personas al año en la región. La tasa regional de suicidio ajustada por edad aumentó un 17 por ciento entre 2000 y 2019.
 
Ocho de cada diez personas con una enfermedad mental grave no reciben tratamiento.
 
En 2020, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35 por ciento y los trastornos de ansiedad un 32 por ciento.
 
El 65 por ciento de los países informaron interrupciones en los servicios esenciales de salud mental y consumo de sustancias en 2020. Esta cifra ha disminuido al 14 por ciento a principios de 2023.

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