COMISIÓN DE SALUD
Salud y Finanzas en la mira de la Asamblea Nacional por impago de tratamientos de diálisis y deudas a Solca
Las clínicas de diálisis que se encuentran en peligro de dejar de operar
Sesión de la Comisión del Derecho a la Salud.
|
Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud ha iniciado los procesos de fiscalización a los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas por el impago del tratamiento de diálisis de las personas derivadas por insuficiencia renal y la deuda que mantienen con las clínicas de diálisis.
Este proceso se llevará en cumplimiento de la resolución del Pleno que exhorta al presidente de la República, Daniel Noboa y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a que declaren como prioritario el cumplimiento de las obligaciones que el Estado mantiene con
las clínicas de diálisis que se encuentran en peligro de dejar de operar y atender los tratamientos de diálisis, causando un grave peligro a la vida de los pacientes que requiere atención inmediata.
La Comisión también fiscalizará las acciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) en cuanto a promoción, prevención, recuperación y rehabilitación del dengue que se ha propagado, especialmente, en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Cañar, Pichincha y Cotopaxi. Además, ejercerá el control político al MSP por adeudar a SOLCA, en la provincia de Loja y demás núcleos del país.
La Comisión del Derecho a la Salud deberá realizar los pedidos de información que considere pertinentes a los ministerios de Salud, de Economía y Finanzas, al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) y a las distintas entidades públicas responsables de las problemáticas identificadas por las denuncias de los afectados.
Adicionalmente,
convocará a comparecer a las autoridades de los ministerios cuestionados, del INSPI, Defensoría del Pueblo y otras instituciones responsables de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la enfermedad infecciosa del dengue.
En un
plazo de 30 días, la mesa legislativa deberá presentar un informe no vinculante de los procesos de fiscalización, ante el Pleno de la Asamblea Nacional.