Edición Médica

Antonella Calle, Josué David Berrú, Virginia Gómez de la Torre, Paola Moreira, Maydy Zabala y Naila Chalán, representes de organizaciones de la sociedad civil.

Jonathan Veletanga. Quito
Varias organizaciones de la sociedad civil han pedido a los asambleístas la aprobación del aborto por violación en las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que actualmente se encuentran en segundo y definitivo debate (votación) en el ente Legislativo.
 
Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, ha manifestado que, debido a la grave situación de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, que se vive el país, es importante que en el COIP se incluya la despenalización del aborto en casos de violación y otras causales, como se plantea en el proyecto de reformas que es debatido en el Pleno de la Asamblea.
 
“El indicador que no ha cambiado en los últimos 10 años y que se repite día tras día es que 7 niñas dan a luz y 7 niñas abortan. Por eso, estamos luchando por las niñas, adolescentes y mujeres”, ha enfatizado Gómez de la Torre.
 
Según ha detallado, en Ecuador 7 niñas menores de 14 años dan a luz al hijo de su violador cada día; entre 2010 y 2017 han muerto 197 adolescentes de 15 a 19 años por causas relacionadas al parto, posparto y puerperio; entre 2014 y junio de 2019 se han registrado 286 denuncias a mujeres por abortos, 134 juicios y se han reportado 2 casos de mujeres presas por esta misma razón.
 
Por su parte, Naila Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), también ha exhortado a los asambleístas a tomar “una decisión acertada” sobre los derechos de las mujeres.
 
“Mujeres mestizas, indígenas y negras abortamos en la clandestinidad, en silencio y en soledad, sin acompañamiento médico, abortamos por razones de salud, abortamos porque no podemos sostener más hijos, y eso es una cuestión clara de las comunidades. Abortamos porque decidimos abortar”, ha expresado Chalán, para quien las estadísticas entorno a este tema son claras.
 
“Estamos hartas de ser violadas, criminalizadas y de morir en la clandestinidad. Estamos hartas de que tengan que asesinarnos y encima criminalizarnos por el hecho de haber decido abortar”, ha subrayado.
 
“Como mujeres defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos decimos basta. No queremos que el Estado siga decidiendo sobre nuestros cuerpos, sobre los territorios y nuestras vidas. Así como defendemos la vida en el Yasuní, también defendemos la vida de las mujeres y las niñas que son obligadas a parir hijos de sus agresores. Por eso apoyamos el aborto por violación”, ha manifestado Antonella Calle, del colectivo Yasunidos.
 
Calle espera que los asambleístas den su voto a favor de la despenalización del aborto en las reformas al COIP.
 
Asimismo, Josué David Berrú, miembro de la Red Ecuatoriana de Fe, ha hecho un llamado a los asambleístas y sociedad civil. “Como puede alguien que profesa la fe cristina estar a favor de que a una mujer, victima de un acto perverso, se le obligue también a parir el hijo producto de su violación. Esto es totalmente incompatible con cualquier principio cristiano. No podemos permitir que se torture así a mujeres y a niñas”, ha dicho.
 
La Red Ecuatoriana de Fe ha entregado una declaración religiosa respaldando la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. (Conozca aquí los argumentos en los que basan su postura).
 
De su lado, Paola Moreira, del colectivo Sororas Manta, ha indicado que Manabí es la provincia con los índices más alto de incesto. “En muchos sectores las niñas son violadas por los padres, abuelos, padrastros, hermanos… de todo el circulo social que debería garantizar protección, cuidado y amor. Lastimosamente, todo este circulo se presta para que estos casos sean encubiertos”, ha lamentado.
 
Moreira ha señalado que, según cifras de la Dinapen, entre 2016 y 2018 en Manabí se han registrado 1.931 delegaciones de investigación por presuntos delitos sexuales en niñas y niños. Mientras que, en lo que va del 2019, ya se han reportado 321 casos de delitos sexuales a niñas, adolescentes y mujeres.
 
Además, ha recordado a los asambleístas que deben legislar en función a la realidad y necesidades de las mujeres, sin anteponer dogmas, prejuicios morales y religiosos. “El Estado, la iglesia y la sociedad deben sensibilizarse con las niñas y mujeres violadas. Por esta razón se debe reformar el COIP en favor de la despenalización del aborto en casos de violación”, ha insistido.
 
Para Maydy Zabala, de Fundación Aequitas, existen argumentos jurídicos, sociales y estadísticos, así como recomendaciones internacionales, que respaldan la ampliación del aborto no punible en el COIP.  
 
“Desde el movimiento de mujeres, a nivel nacional, hemos aportado con todos los insumos para lograr un debate democrático, diverso y que se enmarque en los derechos constitucionales de las mujeres”, ha sostenido Zabala, quien hace un llamado a los legisladores para que analicen todos los argumentos y tomen una decisión acertada en favor de los derechos de las mujeres.  

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