Edición Médica

Verónica Espinosa, ministra de Salud.

Redacción. Quito
Tras el incendio de la clínica de rehabilitación para consumidores de alcohol y drogas que ocurrió en Guayaquil y que dejó 17 personas fallecidas, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, ha informado mediante su cuenta de Twitter que ha solicitado ser recibida en la Asamblea Nacional para exponer los desafíos en política pública sobre el abordaje integral del fenómeno socio económico de las drogas, que es “el resultado de problemáticas sociales y económicas y no solo un fenómeno individual y médico”.
 
“La corresponsabilidad es un compromiso necesario de todos nosotros: actores públicos, privados, y la sociedad civil, para abordar el fenómeno socio económico de las drogas”, ha considerado Espinosa.

Tras este acontecimiento, la ministra pretende exponer sobre las políticas públicas formuladas y ejecutadas para el abordaje integral del fenómeno socioeconómico de las drogas. “Mi participación versará sobre las acciones emprendidas, los avances y desafíos en la implementación de la política pública”, ha señalado.   
 
Por su parte, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) ha indicado que en Guayaquil se han clausurado tres establecimientos de rehabilitación de adicciones que no cumplían con la normativa sanitaria y que no tenían permiso de funcionamiento vigente.
 
Asimismo, ha informado que en el marco de la regulación de CETADs, la agencia en conjunto con la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, entre otras instituciones, están llevando a cabo actividades de control y vigilancia a nivel nacional.
 
Incendio en Guayaquil
 
La Fiscalía ha informado que, tras el incendio de la clínica de rehabilitación de Guayaquil, se ha procesado por delito de homicidio al administrador – propietario y a la persona encargada de las llaves del establecimiento.
 
El Juez de Garantías Penales, Hermes Jiménez, ha acogido el pedido de la Fiscalía y ha dictado prisión preventiva en contra de los dos sospechosos. Además, ha dispuesto de 30 días para el cierre de la instrucción fiscal, ha puntualizado la Fiscalía en un comunicado.
 
Según la Fiscalía, entre los elementos de convicción presentados en la audiencia de calificación de flagrancia constan la denuncia de un familiar de dos fallecidos; las versiones de dos testigos presenciales, uno de ellos terapista; 18 informes de levantamiento de cadáveres de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased); la versión de los agentes aprehensores; y los partes policiales de detención.

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