Edición Médica

La Contraloría ha emitido el tercer reporte de control público.

Redacción. Quito
Las fallas en el control de los inventarios de las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) han originado perjuicios económicos y desabastecimiento de insumos médicos y medicamentos a nivel nacional.
 
Esto ha sido determinado por la Contraloría General del Estado, entidad que ha elaborado el tercer Reporte de Control Público para identificar las irregularidades recurrentes en las adquisiciones, efectuadas entre 2013 y 2021 a nivel nacional, por parte del IESS y MSP.
 
Para la elaboración de este Reporte de Control Público se analizaron 77 informes de auditoría, aprobados entre 2018 y 2021, en los cuales se examinó las adquisiciones y administración de insumos médicos y medicamentos entre 2013 y 2021.
 
Según la Contraloría, la falencia preponderante es la falta de mecanismos adecuados para el control y administración de inventarios en bodegas y farmacias, lo cual ha ocasionado desabastecimiento en las unidades médicas, inconsistencias en los registros, desconocimiento de la cantidad de fármacos e insumos disponibles, falta de información sobre su uso y destino.
 
Los funcionarios del IESS y del MSP tampoco han realizaron los trámites para el canje de productos caducados o próximos a caducar, ni los almacenaron en espacios adecuados, que aseguren su conservación y vida útil y no realizaron gestiones para recuperar préstamos a otras dependencias. Por lo tanto, los centros de salud y hospitales no contaron con los elementos para atender las necesidades de los pacientes.
 
La segunda falencia recurrente fueron los errores en la selección de proveedores. Las comisiones conformadas para la calificación no verificaron el cumplimiento de requisitos mínimos, ni la veracidad de la documentación que respaldó las ofertas.
 
Las omisiones han provocado que se adquieran medicamentos sin certificaciones ni registros sanitarios. Los proveedores tampoco han contado con permisos de funcionamiento y no garantizaron la calidad de los insumos, conforme a la normativa establecida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
 
La tercera falencia más recurrente es el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los proveedores del Estado. Esto incluye retrasos en la ejecución de los contratos, aprobación injustificada de prórrogas, fármacos que incumplieron las especificaciones técnicas y contratistas que no entregaron todos los productos.
 
En estos casos las instituciones públicas no aplicaron las multas establecidas en los contratos, afectando los recursos institucionales, según el informe de Contraloría.

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