EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
Un año de silencio frente a la demanda que busca eliminar el delito de aborto consentido en Ecuador
Cada día, 168 mujeres abortan en la clandestinidad en el país
Entrega de las 168 cartas en la Corte Constitucional.
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Jonathan Veletanga. Quito
Ha pasado más de un año desde que el Movimiento Justa Libertad ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para solicitar que se elimine el delito de aborto consentido del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En todo este tiempo, la demanda no ha sido revisada ni priorizada, lo cual es un hecho preocupante.
Por este motivo y para visibilizar la necesidad urgente de eliminar el delito de aborto consentido, el pasado 19 de marzo de 2025 (fecha en que se cumplió un año), el Movimiento Nacional Justa Libertad acudió a la Corte Constitucional para presentarle al organismo
168 cartas que relatan historias de mujeres que han abortado o acompañado abortos clandestinos en el país, quienes (experiencias, dolores, preocupaciones y exigencias).
“El hecho de que la Corte esté en silencio y que retrase una decisión sobre el tema de aborto, afecta de manera significativa a muchísimas mujeres que abortan en el país. Por esto, recolectamos 168 cartas de testimonios para dar a conocer las voces, en primera persona, de lo que significa experimentar un aborto clandestino en este país”, ha manifestado Verónica Vera, del Movimiento Justa Libertad, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA.
“168 representa el número de personas que abortan cada día en el país, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entonces, para nosotras era muy simbólico recordarle a la Corte que tiene
168 razones diarias para revisar nuestra demanda”, así como para analizar los argumentos presentados y escuchar las voces de lo que genera la clandestinidad, ha agregado.
Vera ha insistido en que a pesar de que se tipifica el delito en el COIP, la clandestinidad no ha dejado de existir en estos años. Por este motivo, ha hecho una llamado a la nueva Corte Constitucional para que no deje de lado esta demanda y tome una decisión adecuada.
“Tiene la obligación de escuchar las voces de las mujeres… Tiene la obligación de priorizar esta demanda frente a otras porque está afectado de manera desproporcionada a las mujeres y es una realidad cotidiana. Los abortos existen, estemos a favor o en contra. Por eso, la Corte debe hacer algo al respecto y lo más pronto posible”, ha enfatizado.
En Ecuador el aborto es un delito desde hace 152 años, data de 1872.
De acuerdo a cifras de la OMS, en Ecuador 61.320 mujeres abortan cada año, 168 mujeres cada día y 7 mujeres cada hora. A pesar de esta situación, “
sus historias siguen siendo silenciadas”.
Vera ha sostenido que los abortos inseguros son un
problema de salud pública muy importante porque generan morbilidad y mortalidad materna, complicaciones y riesgos para la salud integral de la mujer, consecuencias en la salud mental, estigma, clandestinidad y criminalización.
Los principales lugares donde se denuncian a las mujeres que llegan en una situación de aborto son los hospitales públicos, principalmente por los profesionales de la salud. De hecho, en los 10 años alrededor de 493 personas han sido denuncias por el delito de aborto consentido, el 61 por ciento fueron mujeres. De estas el 21 por ciento fueron niñas y adolescentes (12-17 años), el 48 por ciento mujeres jóvenes (18-29 años) y el 14 por ciento eran mujeres adultas (30-64 años).
“Esto quiere decir que se criminalizan niñas y adolescentes. Luego siguen las mujeres jóvenes y finalmente las mujeres adultas”, ha indicado Vera.
En este contexto, ha asegurado a los médicos que el
atender un aborto no significa incurrir en un delito. Por esta razón, no les debe generar miedo esta situación.
Ante esto, ha considerado que el Estado debe trabajar en desmitificar el aborto y proporcionar herramientas a los profesionales de salud para que brinden una atención segura y adecuada.
El dato
El Movimiento Justa Libertad también entregará amicus curiae de personas y organizaciones nacionales e internacionales para que se analice con celeridad esta demanda de inconstitucionalidad.
Verónica Vera, del Movimiento Justa Libertad,
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